Una protesta originada por la detención de un sindicalista en la localidad santacruceña de Las Heras –a 680 kilómetros de la capital provincial– dejó un saldo de un policía muerto, cinco con heridos de bala y 10 civiles con traumatismos y contusiones. La gravedad del hecho impulsó al gobierno nacional a constituir un Comité de Crisis y a enviar 230 gendarmes a una zona que desde hace 15 días convive con piquetes y reclamos gremiales.

La crisis se desencadenó antenoche, cuando la policía de Las Heras detuvo a Mario Navarro, representante de un sector disidente del sindicato de petroleros. La detención respondió a una orden judicial contra los “cabecillas” –así decía el textual– de los últimos cortes de rutas llevados adelante en la provincia. Navarro fue apresado cuando se encontraba en Radio Soberanía, la única FM local, relatando detalles del conflicto.

“Cuando el pueblo se enteró de la detención se movilizó masivamente a pedir la libertad. Las Heras tiene una población de 9300 habitantes y en la calle había más de mil personas”, informó a este diario el dirigente nacional del Partido Obrero, Marcelo Ramal.

A las dos de la madrugada, el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, se comunicó telefónicamente con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para detallarle lo sucedido. Allí fue que le expresó que hubo un intento de toma de la comisaría –en la que se registraron 40 impactos de bala– y que uno de los policías atacados, el oficial Jorge Sayago, murió en una ambulancia camino al hospital tras ser golpeado en la cabeza con un elemento contundente, primero, y herido de bala, después. La versión oficial es que esa ambulancia fue demorada por los manifestantes y que además recibió tres impactos de bala.

En conferencia de prensa, Acevedo acercó a la prensa mayores detalles. Dijo que el oficio judicial que ordenó la detención de Navarro está fechada el 2 de febrero y que se dictó a pedido de “particulares, el gremio y empresas”.

“El juez reclamó a la policía que de modo urgente desaloje a los manifestantes de las rutas con la mayor prudencia y moderación”, señaló el gobernador, midiendo cada una de las palabras.

En ese sentido, Acevedo informó que los policías que reprimieron sólo usaron balas de goma y gases lacrimógenos. Y recalcó que no había registros de civiles hospitalizados: una manera de sostener que no se utilizaron balas de plomo.

En la provincia dan por hecho que los manifestantes llegaron armados al lugar y no, como se especuló, que recién fueron en búsqueda de éstas una vez que apareció la policía. Tampoco ponen especial acento en la dirigencia del PO, relacionado con este sector gremial, como sí en grupos que actúan en forma paralela a este sector combativo del gremio petrolero. “Ya hubo asambleas donde hicieron ostentación de armas, ellos lo saben, no es algo nuevo”, dijeron fuentes policiales.

Ajeno a estas desclasificaciones, Ramal insistió en que las balas de plomo partieron de la comisaría. “Desde lo sucedido con Kosteki y Santillán sabemos que las mismas armas sirven para goma o plomo depende si el cartucho es verde o rojo. Acevedo miente para justificar la represión sobre una movilización popular, porque allí no hubo grupos comando ni nada por el estilo, sino que fue una verdadera pueblada.”

El dirigente del PO también puso en duda la versión oficial a partir de la manera en que se informó el asesinato del policía. “Primero lo dan muerto por una bala. Después se dijo que la bala estaba en el hombro y lo que ocasionó la muerte es un golpe. Es todo muy raro”, sostuvo.

Desde otra vereda política, también dio su punto de vista la concejal kirchnerista de Las Heras Roxana Totino, quien estuvo presente en el lugar. “Le pedimos al comisario o subcomisario que dialogara, en procura de mediar porque la gente estaba muy enojada con esta situación y quería pedir la liberación de Navarro. Esto fue respondido con algunos gases lacrimógenos, más algunas balas de goma.”

Cuando Radio Continental le preguntó si los manifestantes estaban armados, Totino fue escueta pero clara: “Se ve que sí”. No obstante, no se animó a mayores precisiones. “Desde el lugar en que estábamos era una confusión, se escuchaban tiros por todos lados”, concluyó.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, accedió al pedido de Acevedo de constituir un Comité de Crisis. Se trata de un órgano contemplado en la Ley de Seguridad Interior (24.059) para coordinar fuerzas federales y provinciales.

A cargo de la supervisión operacional del Comité quedó el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, quien ya se encuentra en Santa Cruz. En tanto, el comandante mayor Pedro Altamirano se hizo cargo de la Gendarmería. La primera disposición para “mantener la paz social” –según comunicaron oficialmente– fue movilizar al Sur a 230 efectivos de esa fuerza, pertenecientes a la unidad móvil número 1 de Campo de Mayo, quienes partieron en dos tandas desde Palomar a bordo de dos Hércules y un Focker.

De esta manera, se unieron a la casi centena de efectivos de gendarmería de Pico Truncado y luego se trasladaron hacia Las Heras con la orden de no reprimir.

El PO, que aparece en el centro de la protesta, es una fuerza con presencia en la provincia: obtuvo el 8 por ciento de los votos en la última elección, que presentó como candidato a diputado a Omar Latini. También tiene presencia en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, aunque no responde a la conducción nacional a cargo de Héctor Segovia.

Tanto Navarro como Luis Guineo son la voz cantante de este sector interno del gremio que anoche decidió seguir con las medidas de fuerza y los piquetes, pese a que esa modalidad de protesta no había contado en estos últimos días con el aval de las autoridades del sindicato. Versiones extraoficiales dejaron entrever que esa interna no es ajena a los hechos ocurridos ayer. Para colmo, el sector oficial del gremio denunció otras agresiones a las que calificó de “mensajes mafiosos”. Los investigadores buscan establecer ahora cuál es la relación con la protesta frente a la comisaría.

Ramal insistió en poner el acento en la policía. Y aseguró que en la comisaría de Las Heras hace un año y medio se reprimió a golpes a la trabajadora Karina Saudo hasta hacerle perder su bebé en su cuarto mes de gestación. Contrariamente, el fiscal de Estado, Pablo González, aseguró que no hubo apremios ilegales. “Las pericias médicas demostraron que no perdió su hijo por factores de violencia externa”, señaló.

Por su parte, Navarro, el sindicalista detenido y luego liberado, dijo sentirse “muy mal, acongojado por estos acontecimientos” y juró que en todo momento intentó “apaciguar” a sus compañeros.

El conflicto gremial se inició el 25 de enero, cuando los petroleros pusieron en marcha una serie de cortes parciales de las rutas provinciales 43, 16 y 18, impidiendo el normal desarrollo de las actividades en los yacimientos de Repsol YPF y otras compañías multinacionales.

Los petroleros reclaman el incremento del mínimo no imponible para quedar eximidos del impuesto a las Ganancias, que se deduce de los sueldos de más de 1800 pesos. Las últimas mejoras conseguidas por el sector, amén de las horas extras que incrementan sus ingresos, hicieron que una porción importante de trabajadores perciba salarios gravables.

Si bien existe un régimen impositivo nacional, los dirigentes aspiran a que se incorporen cláusulas especiales para la región patagónica a fin de resguardar el ingreso de bolsillo. Aseguran que Acevedo se comprometió a estudiar esa posibilidad y que ya hay consenso político para ese propósito.

Claro que la protesta no tiene como único destinatario el gobierno provincial. También existe un fuerte reclamo a las compañías petroleras que –según denuncian– para reducir la masa salarial tercerizaron las tareas de exploración petrolera y registraron a sus trabajadores bajo el convenio del gremio de la construcción (Uocra), que fija escalas salariales menores respecto del de los petroleros privados.