A las 9.30 llegaron a Ezeiza los directores franceses de Aguas Argentinas, Alain Chaigleau y Frederic Claux. Los estaba esperando el presidente Bernard Lemiere para ponerlos en alerta. Un fiscal que entiende en una causa iniciada por el intendente de Lomas de Zamora contra Aguas Argentinas por el alto grado de contaminación del fluido provisto en la zona sur había pedido que se les prohibiera la salida del país a esos directores y a otros dos más. Los franceses no salieron de Ezeiza. Tomaron el avión de regreso a París, que partió a las 13.30.

Esos directivos no esperaron para saber cuál sería el destino de ese requerimiento del fiscal. Si hubieran estado tranquilos, se habrían evitado tanto viaje en avión. La petición del fiscal fue rechazada por el juez que entiende en la causa. En la misma jornada, aunque sobre la base de otro expediente abierto contra el grupo privado, el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, reclamó la inhibición de todos los bienes de la compañía.

Jorge Rossi, intendente de Lomas de Zamora, presentó una denuncia penal contra la empresa por el alto nivel de nitrato contenido en el agua que se proveía a la zona sur, argumento expuesto en el decreto 303 de rescisión. Como según el Código Penal puede caberle una prohibición entre tres y diez años “al que envenenare o adulterase de un modo peligroso para la salud aguas potables... destinadas al uso público o del consumo de una colectividad de personas”, el fiscal Carlos Guillermo Daneri solicitó al juez federal Carlos Ferreyra Pella que impida salir del país a Jean Bernard Lemiere (máxima autoridad local del consorcio privado), Alain Chaigneau, Carlos De Royere y Conrado Bianchi, directores del grupo. Pese a dicha argumentación, el pedido fue rechazado ayer por el magistrado. No obstante, el clima en el que se está realizando el traspaso del servicio a manos estatales sigue políticamente enrarecido.

La fiscalía de Daneri, además de solicitar como medida cautelar la salida de los tres directivos del país, había reclamado que se adose al expediente un informe técnico de muestreo para plasmar el elevado uso de nitrato que “superaría en un 200 por ciento la cantidad límite recomendada por la Organización Mundial de la Salud”, según informó una fuente tribunalicia.

Ayer mismo, el ombudsman nacional reclamó que se ordene la “indisponibilidad de cualquier fondo en pesos, moneda extranjera, bonos, acciones cotizables y/o cualquier otro tipo de valor” de la sociedad privada. La solicitud se hizo en la causa caratulada Iglesias Juan José c/ Aguas Argentinas SA. Se trata de una demanda por la negativa de Aguas a acatar una resolución oficial que les imponía restituir un importe a los usuarios afectados por la baja presión, cuyo monto total está estimado a la fecha en 408 millones de pesos.

“Como resultado de la rescisión operada, la empresa demandada carecerá en lo sucesivo de los ingresos que hasta la fecha le ha proporcionado su propio giro comercial”, destaca la presentación de Mondino, en la que también se conjetura sobre la posibilidad de que se proceda a “la liquidación de activos” que deje sin sustento aquel reclamo indemnizatorio.