El decreto supremo 28.701 de nacionalización “Héroes de Chaco”, así denominado por el gobierno de Evo Morales, provocó, además de consternación en los bolsillos de las petroleras privadas y de la estatal Petrobras, el florecimiento de una veta humorística de representantes reconocidos del mundo empresario. La primera broma en clave ácida fue el informe de la agencia Standard & Poor’s que consideró que esa medida “puede limitar el potencial de crecimiento del país a mediano y largo plazo”. Sebastián Briozzo, autor de ese informe, logró su objetivo: el auditorio estalló en carcajadas porque, como se sabe, Bolivia no se ha convertido en una potencia con las políticas que abandona, sino que es el país más pobre de la región y más expoliado de recursos naturales a lo largo de su historia. El segundo chiste le correspondió al prestigioso The Financial Times, que en una editorial de esta semana alertó sobre el populismo en América latina –corriente que le fue confirmada con el decreto boliviano–, señalando que “lo que más necesita (la región) son gobiernos con políticas coherentes en lugar de simples posturas”. Esta broma no tuvo mucho efecto sobre la platea porque puso en evidencia la incoherencia del respetado editorialista inglés, puesto que esa medida de Evo Morales fue el cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña para ganar las elecciones. El FT evalúa, en cambio, como coherente el “gobierno de una izquierda moderada” de Tabaré Vázquez, en Uruguay, que en la oposición batalló contra las pasteras de Fray Bentos y ahora es un militante defensor de esas instalaciones.

Esta licencia irónica es un territorio donde los creativos integrantes de la revista Barcelona obtendrían mejor resultado, pero resulta necesaria en estos días cuando analistas y gendarmes de los buenos modales confunden, plantean horizontes desventurados y describen con una elevada dosis de disimulados prejuicios racistas la veloz alteración del mapa del negocio petrolero en la región. Porque en eso consiste el avance de Hugo Chávez definiendo nuevas reglas de juego en Venezuela, de Evo Morales con el decreto nacionalizador y del inestable gobierno de Ecuador de Alfredo Palacios con la Ley de Hidrocarburos, resistida por el Banco Mundial y Estados Unidos. No se trata de populismo entendido, en base a la definición de Gino Germani, como “un modo de dominación autoritario bajo un liderazgo carismático asociado a las clases populares”, sino simplemente de la redistribución de la extraordinaria renta petrolera que brota de los pozos por precios del barril por las nubes. En todo caso, se trata de un populismo surgido, al decir de Ernesto Laclau, por “una forma de articulación de lo político que actúa, según la lógica de la equivalencia: cuando hay un conjunto de demandas específicas que se oponen a algo que las niega”. En el caso del petróleo, las inmensas ganancias no generaron desarrollo ni beneficios para esos países, y sí para las compañías privadas dedicadas a la explotación de ese recurso natural estratégico. Entonces, ante esa carencia el Estado recupera la renta petrolera.

La clave para abordar esta cuestión y entender los discursos de las partes interesadas es, precisamente, cómo se considera al petróleo. Los países desarrollados siempre lo definieron como un bien estratégico, ayudando a la expansión de sus trasnacionales para imponer la idea en las naciones periféricas de que el crudo es un commodity. Como si fuera un mero bien comercial, una simple materia prima, lo mismo que la soja o el cacao. La diferencia obvia, pero no por eso evidente por la campaña de desorientación, es que el petróleo y el gas –combustibles, por el momento, imprescindibles para impulsar el motor de la economía mundial– son recursos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el petróleo es considerado una política de Estado. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una reserva federal de petróleo, además de que utiliza todo su poderío militar para apropiarse de áreas energéticas fuera de su frontera, como en Afganistán e Irak.

Como en los países desarrollados el petróleo es una política estratégica nacional no requieren de empresas estatales. El investigador de la Universidad del Salvador, Federico Bernal (bisnieto del ingeniero Enrique Hermitte, quien fuera descubridor del petróleo en la Argentina), señala que las petroleras y esos gobiernos están íntimamente relacionados. Brinda el ejemplo de Repsol-YPF, una compañía ciento por ciento privada, con un nuevo presidente (el catalán Antonio Brufau) que responde a la política del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mismo sucede con “Total en Francia, donde el presidente francés forma parte de la plana ejecutiva de la compañía”, apunta. “Por eso es fundamental que los países de la periferia –afirma Bernal– tengan una empresa estatal, porque si dejamos librados a que el petróleo caiga en manos privadas, en su mayoría son empresas extranjeras.” Petrobras (Brasil), Pemex (México), PdVSA (Venezuela), PetroEcuador y ahora YPFB (Bolivia), con sus particularidades, son empresas estatales que habilitan, con un mayor o un menor porcentaje pero siempre más de la mitad, la captura de la renta petrolera por parte del Estado nacional. “La Argentina es el único país en el mundo donde el petróleo está en manos trasnacionales”, sostiene Bernal.

En el actual escenario energético regional de recuperación de la renta petrolera y panorama mundial convulsionado por la captura de áreas sensibles, el esquema argentino no sólo ha quedado descolocado sino que también se ha transformado en inconsistente. En la década pasada, el modelo energético cambió de uno estatal a uno privatizado, pasando el petróleo de ser un bien estratégico a un simple commodity. Argentina comenzó a exportar petróleo y equiparó el precio del combustible local al valor internacional del barril. Así la renta petrolera pasó en su totalidad a manos privadas. El actual gobierno intervino en el mercado desconectando el precio local del internacional, a la vez que aplicó retenciones a las exportaciones. Esa participación estatal ha sido relevante pero fue solamente un ajuste financiero en la ecuación de las petroleras. “Es una concepción muy economicista de lo que es el petróleo”, indica Bernal. En ese modelo, el petróleo todavía no recuperó su condición de bien estratégico, continúan las exportaciones en un país con reservas decrecientes y el grueso de la renta es apropiada por compañías privadas.

La Argentina es, además, el país de la región que recibe el porcentaje más bajo de la renta petróleo, incluso con las retenciones móviles hasta el valor del barril a 45 dólares, impuesto extraordinario cuya alícuota quedó congelada en un contexto que el crudo se está acercando al doble de ese valor de referencia. De esa forma el aumento del precio del crudo provoca un constante crecimiento de la renta petrolera en manos privadas, al tiempo que el Estado se queda con una proporción cada vez menor. Cuando se estableció ese esquema de intervención en la ecuación financiera de las empresas, la participación del sector público en esa renta era del 36 por ciento, cuando en el 2001 había alcanzado el 44,6. Pero ese porcentaje del 2004 continuó descendiendo en los años siguientes por la suba del barril. México retiene el ciento por ciento de la renta; Brasil a través de Petrobras, compañía que cotiza en Bolsa, también; Ecuador con la reciente Ley de Hidrocarburos elevó su captura del 18 por ciento adicionándole el compartir el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias de las petroleras; Venezuela, según el viceministro de Hidrocarburos, Bernard Mommer, el Estado está percibiendo el 87 por ciento de las ganancias de las empresas mixtas, además de la totalidad de PdVSA, y ahora Bolivia, con el decreto de nacionalización, estableció un mecanismo de distribución de 82 por ciento para el Estado y 18 por ciento para las empresas. Vale recordar que en Chile, que no tiene petróleo pero sí cobre, el Estado retiene el ciento por ciento de la renta de su principal recurso natural. Con más o menos presiones, con gritos o cara de enojados, las petroleras no abandonarán esos países que alteraron las reglas de juego. Y las pocas que puedan hacerlo serán reemplazadas por otras que están haciendo cola para ingresar a esos mercados. Revisando los porcentajes de la distribución de la renta petrolera, el Estado argentino es el más dadivoso. Siempre se dice que la Argentina es una tierra de corazones abiertos, un país generoso.