Jannethe Ruiz camina como puede, con las piernas temblorosas y las manos esposadas, por la nave de la pequeña capilla del cementerio de Flores. Rodeada de carceleros que la vigilan, mira a la niña en el pequeño cajón en el que descansa, y desfallece en los brazos de sus tías viejas. Lleva demasiado tiempo esperando enterrarla, y por fin, después de 33 días, la ve sin vida, vestida de blanco, con una corona y las angelicales alas de cartulina colocadas con prolijidad en los costados por sus parientes bolivianos. A su hija, Karina Ruiz, la mataron el 31 de marzo mientras ella trabajaba en un taller textil clandestino de la ciudad. La autopsia reveló que la habían asfixiado. La Justicia detuvo a la mujer y al hombre que la cuidaban. El sigue preso, procesado por homicidio. Pero el juez Ricardo Warley no se conformó con los autores materiales. Después de indagar a la propia madre de la niña, sin haberle entregado nunca el cadáver, ordenó que la encerraran como culpable del asesinato de la beba por “abandono de persona seguida de muerte”. Hacía cinco años que Jannethe trabajaba catorce horas por día como cortadora por 500 pesos. En el entierro de su hija solo pudo llorar. Al subirse al celular que la devolvería a la peor de las cárceles de mujeres del país, la 3 de Ezeiza, no alcanza a articular palabra. Sólo atina a negar con la cabeza.

Jannethe Ruiz tiene 22 años y llegó de Potosí. La hizo venir su hermano Pedro, que se había instalado en la Villa 31. Tenían parientes además en el otro extremo de la ciudad, en la 1.11.14, en el Bajo Flores. Terminó viviendo allá. Le alquiló una pieza a una tía y pronto comenzó a tener para lo básico. Se empleó como muchos en su comunidad en un taller de costura en el que le agarró la mano al oficio. “Yo le cuidaba la nena mayor, María Fernanda, de seis años. Otra Jannethe, la esposa de su primo, le cuidaba a Karina, la menor”, le cuenta a Página/12 Gladis Ruiz, su tía, en el fondo de un recoveco de escaleras y pasillos, en la manzana 1 de la villa, una zona en la que la mayoría de los vecinos son bolivianos con diversos grados de parentesco entre ellos. “A la señora –señala Gladis a otra vecina– la llamaron para avisarle por teléfono, desde la casa donde la prima cuidaba a la nena, que se cayó y estaba en el hospital.” En el cuarto en el que hay una cama de dos plazas, un gran televisor, un juego de sillones y una pequeña hornalla, varios vecinos confirman la historia, reunidos allí para defender a Jannethe, la madre detenida. “Esto es lo más injusto que uno pueda imaginar en la vida. Ella se mataba trabajando por sus hijos, no sabía que a su hija la maltrataban. Y además no tenía más que esa plata para que la cuidara alguien mientras ella no estaba”, dice la mujer que recibió la mala noticia.

En el círculo de personas que la defienden, desesperados ante la noticia de que podría quedar presa hasta 20 años por el delito que le imputa el juez Warley, coinciden en que su vida fue un calvario al que soportó solo para poder alimentar y criar a sus hijos. Se levantaba a las seis de la mañana. Les daba el desayuno a las dos nenas y las llevaba a ambas puntas de la cuadra en la que vivía. A un lado, en la casa de Gladis, dejaba en cuidado a la mayor. En la otra esquina le entregaba la menor a Jannethe Gutiérrez, una mujer boliviana de 28 años, que le cobraba, igual que la otra niñera, 100 pesos por tener a la beba durante todo el día. Aparte le dejaba los pañales y la leche que debía tomar. A las siete y diez tomaba el colectivo hacia su trabajo. A las ocho entraba. A la noche pasaba a buscarlas otra vez pasadas las diez. Con las niñas, dicen sus amigos, estaba los sábados a la tarde y los domingos.

Mucha alternativa no parecía quedarle. Con los 500 pesos de sueldo por las casi 300 horas mensuales que trabajaba –cuenta que da 1,5 por hora– debía pagar 100 pesos a cada niñera, más 100 pesos por la pieza. Lequedaba el resto para transporte y comida de ella y de las nenas. A veces, el padre de Karina le daba los sábados a la tarde 50 pesos para la semana.

“Nosotros le decíamos que tenía que buscarse otro trabajo, pero ella no quería. ‘Algún día me van a reconocer todo el tiempo que llevo y no quiero perderlo’, nos decía ella. No se quejaba. Trabajó con la panza cortando hasta una semana antes de tenerla a la nena”, cuenta Estela. Cinco años, dicen, estuvo así en un taller textil coreano. Pero como tuvo que faltar este año para encontrarle escuela a la de seis, que entró a primer grado, la despidieron. Hacía días que estaba a prueba en otro taller parecido, sobre Rivadavia. Allí, por doce horas le prometían 500 pesos. Estaba en plena faena cuando llegaron a buscarla para llevarla al hospital Penna. Entró a la guardia esperando encontrarse con un cuadro grave. Pero su hija había ingresado muerta.

Esa misma tarde Jannethe fue a la comisaría donde le dijeron que al ser indocumentada no podría retirar el cuerpo de su hija. Por eso el lunes se presentó en el CGP 5 para averiguar cómo hacer. Tampoco tenía el DNI de Karina. La atendió el jefe del registro civil, Angel Riverol, una persona que motu proprio se presentó ese mismo día por la tarde ante el juez Warley. Con su declaración inauguró el expediente –al que tuvo acceso exclusivo Página/12– que ahora contiene las supuestas pruebas por las que el juez cree que la madre fue responsable de la muerte. “La persona era una mujer que decía ser la madre de Karina Ruiz y no estaba angustiada ni nada”, subrayó, perspicaz, el funcionario. “Lo que me pareció muy sospechoso fue su actitud desaprensiva, poco maternal, porque vino a decirme que quería el DNI para sacar a la nena de la morgue y que a una niñera de ella se le cayó de la cama alta”, agregó Riverol.

El martes siguiente al homicidio de Karina, Jannethe fue al juzgado con un abogado del grupo Enlace Cualderecho, que participa en la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores. Allí supo que la niña murió por asfixia. Y que tardarían en darle el cuerpo porque debían realizarse varias pericias. Por la tarde detuvieron a Jannethe Gutiérrez y su marido, Richard Ruiz. Ella fue liberada por falta de mérito. Dijo que estaba cocinando cuando escuchó que Richard, desde el cuarto, le gritaba que la nena no respondía. El sigue preso, acusado del homicidio.

A partir de ese día, la mamá de la niña fue cinco veces a pedir que le entregaran el cuerpo para enterrarlo. Hasta que el jueves 27 los abogados pidieron ver al juez. “Por fin la atendían, pensamos que le iban a dar el cuerpo. Pero se aparece el juez subrogante, Roberto Ponce, y le dice disculpe señora, la tengo que detener por orden del juez Warley”, le contó a este diario uno de los asesores de la Comisión Antiimpunidad del gobierno nacional, que también intervino en el caso. Los abogados pidieron la excarcelación, pero fue denegada. La niña tiene marcas en el cuerpo, una fractura mal curada en un bracito y una costilla trizada. El informe médico dice que no recibió asistencia por esas lesiones. En esas pruebas se basaría la Justicia para acusar a la madre. Los vecinos de la villa 1.11.14 juran que la mujer no sabía que su hija era maltratada y que, obligada por su pobreza, la dejaba tanto tiempo en manos de otros. Marcharán pidiendo justicia por Jannethe el próximo martes frente a Tribunales.