Aunque en el afán de no tensar la relación con el Gobierno ningún empresario lo diga por ahora de viva voz, el grueso de la dirigencia patronal apuesta ansioso a que en el segundo semestre del año se flexibilice la política de control de precios oficial para poder hacer algunas remarcaciones pendientes. Omitiendo cualquier referencia expresa a este tema, líderes de la Unión Industrial Argentina acudieron ayer a una reunión con Néstor Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de la que también participaron hombres de la CGT, incluyendo al propio Hugo Moyano. El cónclave en la Rosada intentó ser prueba de la presunta armonía entre todos los sectores que el Gobierno aspira aglutinar en una especie de amplia concertación.

La excusa formal fue la firma del acuerdo salarial para los plásticos, sector al que pertenece Héctor Méndez, titular de la UIA, y Vicente Mastrocola, dirigente del gremio que nuclea a los trabajadores del sector. Pero la rúbrica del convenio que permitirá ajustar un 19 por ciento en cuatro veces los salarios del sector sirvió para mostrar la foto del Presidente junto a las máximas autoridades de la central sindical y de la fabril, soslayando el enfrentamiento que generó la reforma laboral propiciada por Diputados.

El enojo empresario contra los cambios antiflexibilización fue claramente expresado la semana pasada a través de una solicitada que firmaron varias entidades, después de visitar la Comisión de Legislación Laboral, presidida por el laboralista Héctor Recalde. Pero a pedido del Gobierno, casi de inmediato intentaron relajar el clima con una solicitada de apoyo a la política oficial publicada el domingo. La reunión de ayer, a la que también asistieron otros hombres de la UIA como Héctor Massuh y Horacio Martínez, se inscribe en esta línea armonizadora.

Pero esos esfuerzos, que gran parte de los empresarios hacen más amedrentados por los posibles embates oficiales que por convicción, no disipan sin embargo todos los malestares. En la reunión de junta directiva de hoy, la UIA seguirá discutiendo los cambios en ciernes a las leyes laborales. “Cuestiones como el cambio de función o el mayor tiempo para litigar favorecen la industria del juicio en lugar de beneficiar al trabajador”, opinaba ayer su vice, Ignacio de Mendiguren.

La otra cuestión urticante es la política de control de precios a través de acuerdos que algunos sectores consideran viables sólo hasta fin del mes próximo. Rubros como el de la alimentación o el de medicamentos especulan con que su aporte a la política antiiflacionaria se agotaría entonces, cuando el Gobierno haya logrado el cometido de aplacar el índice de precios. La intención de algunos empresarios es “conversar” con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre la manera de empezar desde julio a ajustar, aunque sea algunos productos, hoy más presionados por la suba de costos. Paulatinamente, sugieren, sin comprometer ni el índice ni el disciplinamiento a la política oficial.