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El Gobierno y petroleras arribaron a una solución intermedia entre la aplicación de un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos durante cinco años, que hubiera rendido unos 3500 millones de dólares, y el préstamo por 1500 millones que las empresas le ofrecieron al Gobierno, para que éste los aplique a compensar la pérdida de los bancos por la pesificación de los créditos. La alternativa consensuada, que anoche terminaba de delinear la Jefatura de Gabinete, es un adelanto de 1200 a 1400 millones de dólares de parte de las petroleras, contra la cual “se da por cancelada la retención sobre las exportaciones prevista en el artículo sexto de la Ley de Emergencia Pública”, de acuerdo a la fórmula acordada.
“El flujo de fondos a valor actual que hubiera recibido el Gobierno, por un impuesto que podría ser del 18 o el 20 por ciento sólo sobre el crudo exportado, es equivalente al monto que aportarán las empresas”, señaló la fuente de una de las petroleras que participó activamente en las negociaciones. La estimación de las firmas sobre el valor exportable difiere de las que sugirieron algunas fuentes oficiales. Las primeras calculan exportaciones anuales de crudo inferiores a los 2500 millones anuales, “monto que podría ser inferior con retenciones, ya que algunos pozos dejarían de ser rentables”, según argumentaron.
Algunas fuentes del sector petrolero niegan que en algún momento hayan propuesto un crédito a cambio del impuesto, lo que sugiere que fueron los gobernadores patagónicos Jorge Sobisch y José Luis Lizurume quienes, en un exceso en su postura de defender la actividad de las empresas en sus territorios, habrían pedido más de lo que las propias petroleras pretendían. Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, rechazó ayer por la mañana la alternativa de un crédito de las empresas. “No queremos sustituir una contribución por un crédito, primero porque la Argentina tiene agotada su capacidad de endeudamiento, y segundo por la Ley del Congreso que pretendemos aplicar con firmeza”, subrayó ante la prensa.
La solución conformó a medias a los dirigentes políticos que habían cuestionado fuertemente la dureza de las petroleras y reclamaban firmeza por parte del Gobierno. De lo contrario, sostenían, podría quebrarse el frente oficial. Humberto Roggero y José Luis Gioja, jefes de bloques en el Congreso, habían sido los más duros, como abanderados de la Ley de Emergencia votada en el último fin de semana. Según evaluaban anoche, “es medio triunfo”, porque se obliga a las petroleras a hacer un aporte extraordinario, por otro lado las mismas empresas eluden la aplicación, en la práctica, de un impuesto a las exportaciones, cuya vigencia pocos dudan que se hubiera extendido más allá de los cinco años previstos en la ley.
Para los técnicos del sector energético del justicialismo, en tanto, la solución les va a resultar como un mal trago. La aspiración de máxima era gravar tanto las exportaciones de crudo, como las de gas y derivados petroquímicos. La de mínima, fijarle una tasa permanente al crudo. En cambio, la cancelación del gravamen mediante un adelanto, en la práctica, desvincula el compromiso fiscal con los volúmenes que efectivamente se exporten.
Fundamentalmente, tres son las empresas que nuclean el grueso de las exportaciones: Repsol YPF, Pan American Energy y Pérez Companc. Entre ellas conformarán el fondo de 1200 a 1400 millones, dependiendo de la tasa que finalmente se fije para el impuesto (18 o 20 por ciento). Con ellos, el Gobierno nutrirá de efectivo a los bancos para que, corralito mediante, puedan poner mínimamente en marcha el mercado de crédito. El interrogante, claro, es si alcanzará y por cuánto tiempo.