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El Gobierno dispuso que los deudas por insumos agropecuarios, primero pesificadas y luego vueltas a dolarizar mediante la polémica Resolución 10 del Ministerio de Economía, reciban un tratamiento especial. Así, quienes hayan aplicado los insumos a la producción de granos y oleaginosas pagarán su deuda redolarizada menos un 25 por ciento; los productores de carnes deducirán un 40 por ciento, los de lácteos el 50 y el resto, el 60 por ciento. La Resolución 10 suponía importantes ganancias para las multinacionales proveedoras, ya que en muchos casos los instrumentos financieros utilizados (por ejemplo garantías contra cheques posdatados) habían sido descontados antes de la devaluación. Además, la nueva medida, que mantiene parcialmente la redolarización, hizo caer todos los amparos que los productores agropecuarios habían realizado contra la norma anterior.