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El Fondo Monetario Internacional le dio un ultimátum a Roberto Lavagna, que el ministro terminará de blanquear públicamente en los próximos días: o logra que la Corte Suprema frene el retiro de depósitos por la vía de los amparos o deberá desarchivar el proyecto de bono compulsivo para canjear depósitos reprogramados. Hoy aterrizará en el país una misión conjunta del Fondo y del Banco Mundial. La misión fondomonetarista será una avanzada de la que vendrá la semana próxima y que, además de la cuestión de los amparos, exigirá una profunda “reestructuración” bancaria. La misión del BM discutirá con el Gobierno un tema tan urticante como el anterior: el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
En privado, Lavagna comenta que “el acuerdo (con el Fondo) está para cerrar en cuatro días”. Y con esas mismas palabras se lo transmitió al Presidente. Sin embargo, el ministro también admite que, a menos que haya una decisión política de Washington, los técnicos del organismo no destrabarán el acuerdo hasta tanto se resuelva el tema de los amparos.
Lavagna consiguió que el Fondo aceptara a regañadientes su plan de bonos optativos, y archivara, momentáneamente, el proyecto de bonos compulsivos que propiciaba desde los tiempos de Remes Lenicov. Sin embargo, el staff de economistas del organismo, liderado por Anne Krueger, no aprueba que el Banco Central emita hasta fin de año 7 mil millones de pesos extra para asistir a los bancos. El plan monetario del Gobierno prevé que durante la segunda mitad del año habrá retiros de depósitos por 15 mil millones de pesos, que los bancos pagarán apelando a tres fuentes: 5300 millones provenientes del recupero de créditos; 2700 millones con aportes propios de los accionistas; y 7 mil millones que les “prestaría” el Banco Central. De esta manera, los redescuentos del Central financiarían el 47 por ciento del goteo de fondos, casi uno de cada dos pesos que reciban por ventanilla los depositantes.
Como gran parte de esos pesos se destinarán a la compra de dólares, el Fondo planteó a Lavagna dos alternativas para cerrar el grifo:
u Cerrar la vía de los amparos, por los cuales Economía calcula que saldrán unos 3500 millones de pesos hasta fin de año.
u Limitar los redescuentos, lo que aceleraría el cierre de entidades en los próximos meses.
“Ellos nos dijeron claramente que con 7 mil millones de emisión el programa no les cierra. Y que si no queremos el bono compulsivo, que busquemos alternativas. El problema es que las alternativas son terribles”, confió a Página/12 un estrecho colaborador del ministro.
Así las cosas, no es casual que el Ministerio de Economía haya enviado durante el fin de semana un mensaje sin intermediarios a la Corte Suprema, al difundir el retiro de depósitos por amparos en junio (mil millones de pesos, 25 por ciento más que el promedio de los meses anteriores). Y al explicar, en un comunicado, que todavía no se instrumentó la posibilidad de utilizar los bonos para la compra de casas y autos por “el impacto negativo que generan los retiros de fondos vinculados con las acciones de amparo”.
El calendario de negociación indica que el lunes próximo llegará una misión del Fondo encabezada por el inglés John Thorton, para abocarse específicamente al tema bancos. Mientras que el lunes siguiente desembarcará el “consejo de notables” que deberá dirimir las diferencias entre el Gobierno y el Fondo en el diseño de la política monetaria. No integrarán el comité ni el ex jefe de la Reserva Federal, Paul Volcker, por motivos personales, ni el ex director gerente del Fondo, Michel Camdessus, vetado por las propias autoridades del FMI. En cambio, sí serían de la partida el ex titular del Banco Central alemán Hans Tietmayer; el ex chairman de la Reserva Federal de Nueva York James Corrigan, y el ex titular del Fondo, Jacques Delarrosière.