A pesar de que la reforma previsional preserva a las AFJP y sólo corrige los aspectos más controvertidos del sistema, economistas del establishment atacaron con dureza al Gobierno por el proyecto. Miguel Angel Broda, Daniel Artana y Orlando Ferreres advirtieron ayer un supuesto “agravamiento del problema fiscal” y la intención del Ejecutivo de hacerse de recursos en un año electoral. La respuesta oficial se dio en los mismos términos. Aníbal Fernández acusó al trío de ser “empleados” y de estar “financiados” por las AFJP. Empresarios, banqueros y sindicalistas también se subieron al ring y nadie se guardó nada.

“En la Argentina se terminaron los negocios arreando gente”, graficó el ministro del Interior, en alusión a un punto central de la reforma: la asignación de los indecisos al sistema de reparto. Hasta el momento, aquellas personas que ingresan al mercado laboral y no ejercen la opción entre la jubilación privada y la pública son inscriptas en una AFJP, sin chances de volver al sistema estatal. La libre opción y el traspaso entre un régimen y otro es el principal punto del proyecto, que será tratado y seguramente aprobado el próximo mes en las sesiones extraordinarias.

Fernández recordó que la Fundación FIEL –a la que pertenecen Artana y Manuel Solanet– es financiada por la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Uafjp), Orígenes y Met. “Están respondiendo al mandato de sus jefes”, atacó el ministro. Artana, economista jefe de FIEL, había dicho que “el mismo Gobierno que le propone a la gente volver al reparto está tomando medidas que en algún momento vaciarán las cajas” previsionales. En respuesta a esa afirmación, Fernández aseguró que “no se pueden vaciar las cajas porque los recursos tienen asignación específica”, y explicó que el dinero “no se puede tocar para otra cosa que no sea pagar jubilaciones”.

Por su parte, Orlando Ferreres afirmó que “el sistema del Estado es innominado. Lo quieren así para poder usar el dinero para cualquier otro fin”. El ministro lo negó y recordó que la advertencia de los economistas de la city por lo que podría hacer el Estado, Domingo Cavallo ya lo hizo en 2001: “Emitió un bono por más de 15 mil millones y se los hizo comprar a las AFJP”. Fue un último intento para esquivar la cesación de pagos de la deuda, que era inevitable, y trasladó el costo de la crisis a los afiliados a las AFJP.

Broda opinó: “El Presidente se quiere congraciar con las corporaciones sindicales en un año electoral” y lo único que hará es “agravar el problema fiscal” en los próximos años. Jorge Brito, del Banco Macro, se quejó porque “todos estos economistas que hoy hablan en contra no dijeron nada cuando Cavallo tenía déficit fiscal”. También defendieron el proyecto los empresarios de Apyme, el Consejo Argentino de la Industria y el sindicato de Anses, Apops. “Se ganó una batalla, pero se necesita una reforma más amplia”, reclamó el sindicato.