La vicepresidenta de gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en conferencia de prensa que España extraditará al represor Juan Carlos Fotea, detenido en Madrid desde el pasado 24 de noviembre. La medida fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros luego de que la Justicia local considerara oportuna la extradición solicitada por el juez federal Sergio Torres en el marco de la causa por la desaparición de 12 personas en 1977, entre ellas la del periodista Rodolfo Walsh y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor.

Juan Carlos Fotea llevaba 22 años residiendo en España, país al que llegó acompañado de su mujer y sus dos hijas cuando la península era el refugio ideal para los represores gracias a las buenas relaciones existentes entre la derecha franquista y los militares de la dictadura. Sus problemas con la Justicia comenzaron en 1985, cuando Argentina libró el primer pedido de captura y extradición contra él, que finalmente fue denegado por la administración española. Su situación volvió a complicarse en julio de 1998, cuando el juez Baltasar Garzón lo procesó por genocidio, terrorismo y torturas en la causa abierta por la desaparición de María Alicia Milia de Pirles, ocurrida en mayo de 1977.

En abril del pasado año España recibió el pedido de captura y extradición de Fotea librado por el juez Torres, pero ante la negativa del represor a ser juzgado en Argentina se abrió el proceso que concluyó ayer con la autorización final del Consejo de Ministros a que la medida se haga efectiva. Uno de los inconvenientes legales que atravesó la causa fue el hecho de que aún estuviera abierto el proceso iniciado por el juez Garzón en el momento en que llegó el pedido de la Justicia argentina.

La situación comenzó a despejarse el 10 de enero pasado, cuando Baltasar Garzón decidió inhibirse de juzgar a Fotea al considerar que la causa abierta en Argentina tenía prioridad ya que se había iniciado con antelación a la que el represor tenía pendiente en España. Este argumento también había sido esgrimido por su abogado defensor en el marco de una estrategia que daba por sobreentendido que Fotea iba a tener más posibilidades de eludir a la Justicia argentina que a la española.

Fotea está procesado en la causa que lleva el juez federal Sergio Torres y en la que se hallan involucrados otros 17 represores por la desaparición del periodista Rodolfo Walsh ocurrida el 25 de marzo de 1977, luego de que el escritor enviara su famosa Carta Abierta a la Junta Militar, en la que denunciaba los crímenes de la dictadura militar que gobernaba el país desde hacía un año.

El represor también se halla procesado por su participación en el operativo en la iglesia de Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, en la que desaparecieron Azucena Villaflor (una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, también integrantes de la agrupación. En ese mismo operativo desaparecieron las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. “Ya es hora de que se realice un juicio oral por la muerte de mi padre”, dijo ayer luego de conocer la noticia la ex diputada Patricia Walsh, hija del periodista.

Juan Carlos Fotea fue oficial de Operaciones de la Policía Federal durante los años de la dictadura militar. También conocido con el seudónimo de “El Lobo” o “Fernando”, formó luego parte del grupo que comandaba Raúl Guglielminetti, alias “mayor Guastavino”, también apresado en España a mediados de los años ochenta.