El abogado Ricardo Monner Sans aportó nueva documentación ante la Justicia, que investiga el intento de pago por parte del Gobierno de casi 600 millones de pesos al Grupo Greco. Según la presentación realizada ante el juez federal Sergio Torres, la cifra enviada en el proyecto de ley al Congreso que solicitaba el incremento de partidas para realizar el pago –-unos 587 millones de pesos– “no sería pertinente”, porque el Estado argentino ya había pagado al Grupo Greco unos 200 millones de pesos que nunca fueron compensados.

Como se recordará, el mendocino Grupo Greco, dueño durante los setenta de bodegas y bancos, fue intervenido por la dictadura militar en 1980. Desde el advenimiento de la democracia se entabló un largo litigio de los herederos del grupo que reclamaron al Estado argentino un resarcimiento económico. En agosto del 2005, los abogados del Ministerio de Economía llegaron a un acuerdo con los Greco por el cual el Estado se comprometía a pagar casi 600 millones de pesos. El escándalo estalló a fines del año pasado, cuando desde Economía salió un proyecto de ley que solicitaba al Congreso una ampliación de la emisión de deuda pública por 1300 millones, proyecto en el que se escondía, entre muchos otros pagos, la deuda con los Greco. El proyecto consiguió ser aprobado en Diputados, pero en la Cámara alta fue frenado, después de que el senador radical Ernesto Sanz reclamara información adicional sobre los pagos contenidos en él. En su momento, Monner Sans hizo una denuncia ante el juzgado de Torres solicitando se investigara la responsabilidad de la ministra Felisa Miceli en la elaboración del proyecto de ley. Pero ayer el abogado pidió se ampliara la investigación para determinar si “la cifra enviada al Congreso era pertinente”. Monner Sans se basa en un memorando fechado en octubre pasado por el director de Deuda Pública de Economía, Jorge Amado, que advierte que antes de considerarse cualquier pago a los Greco el Estado debería reclamar una compensación por los casi 200 millones de pesos pagados al grupo en el pasado en concepto de indemnizaciones y otros gastos incurridos en la liquidación de las empresas.