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“La desidia y el descontrol administrativo de algunas agencias públicas han permitido que el Estado pagara servicios cuya prestación efectiva no había sido verificada... Esto contempla tanto el pago de facturas falsas como de aquellas en las que se omitió detallar el bien o servicio otorgado”, lo cual impide obviamente toda posibilidad de controlar posteriormente la consistencia entre lo pagado y lo recibido. Este es apenas un aspecto del desolador panorama fraudulento que describe la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción en su último informe de gestión. Las maniobras no respetan ningún área, y afectan por ende destinos tan sensibles como el gasto social. Las ONG, a pesar de su buena prensa, no quedan al margen, en su relación con los fondos públicos, de los procederes corruptos. Una de ellas recibió más de 6 millones de pesos para alimentos, y terminó comprándolos con sobreprecios del 96 por ciento, en uno de tantos casos. Con los muchos hallazgos de la Oficina Anticorrupción (OA), materia prima de denuncias judiciales, puede armarse, a antojo del lector, el rompecabezas de un Estado que fue perforado por el descontrol.
El Libro Verde, que Víctor Alderete mandó editar como pomposa propaganda de su tristemente recordada gestión al frente del Pami, terminó con su procesamiento, al igual que el de un alto responsable de Buró Veritas, agencia internacional privada a la que contrató para establecer los precios testigo e intervenir en la correspondiente licitación. En realidad, la consultora parece haber limitado su participación a señalar cuál de los precios ofertados era el más bajo, lo cual no suponía una tarea compleja. Finalmente, el juez Claudio Bonadío dictó los procesamientos al comprobar que se habían pagado fuertes sobreprecios.
Este caso, entre muchos otros, es visto como un ejemplo de las maniobras que pueden consumarse después de desarticular directamente o neutralizar las instancias de control, lo cual, según la OA, “es una medida frecuente”, además de “lógica si lo que se pretende es cometer ilícitos”. En el ansia por despejar el terreno, se empieza por barrer a las auditorías internas, las sindicaturas y las áreas de sumarios, como también a los encargados del seguimiento de obras o provisión de servicios, entre otras limpiezas.
En el caso del PAMI, la tarea de Alderete y otros célebres administradores se vio facilitada porque la obra social de los jubilados no está sometida a las normas nacionales que regulan el proceso y las condiciones para las compras y contrataciones del Estado. La falta de regulaciones facilita elegir de antemano el ganador de un supuesto concurso, diseñar los pliegos a medida de algún oferente y otras manipulaciones, también frecuentes en realidad en organismos alcanzados por todas las normas, siempre burlables.
Otra variante de corrupción anida en los fideicomisos, que surgen de acuerdos entre un organismo público y un banco para que éste le administre fondos de acuerdo a ciertas directivas. A los auditores del Estado les resulta imposible controlar el destino de ese dinero. De los fideicomisos, que implican una administración paralela a la del registro oficial, se valió por ejemplo María Julia Alsogaray. Un área que dependía de ella, el INA (Instituto Nacional del Agua y del Ambiente), “generaba recursos propios, que depositaba en cuentas de fideicomiso del Banco Ciudad y –en una importante cantidad de casos– no los transfirió ni declaró al Tesoro Nacional”, según consigna un documento oficial.
Los recursos propios, que en el caso del INA provenían de la prestación a terceros de servicios técnicos, deben ser informados a la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero la Sigen (Sindicatura General de la Nación) comprobó una diferencia de 13,3 millones de pesos entre los fondos declarados por el Instituto y los que depositó y luego retiró, sin control alguno, del fideicomiso. Esos fondos ocultos fueron además “manejados por un funcionario cuyo ámbito formal de competencia era totalmente ajeno altema”, en lo que es calificado como una “usurpación de funciones”. En la denuncia por peculado se indica que “la constitución de estas cuentas (fideicomisos) parece haber sido un mecanismo para eludir los controles...”
Otro ardid consiste en convertir en proyecto internacional un programa que se financia con fondos nacionales. Insólitamente, se detectaron casos –como el de una cumbre mundial sobre el clima, que se realizó en Buenos Aires y correspondía al ámbito de María Julia– en los que se realizaron contrataciones en el marco de programas de organismos como el Banco Mundial o el PNUD sin que éstos realmente las hubieran financiado, ya que los recursos los ponía el Tesoro Nacional.
Los padrinazgos políticos son una fuente habitual de irregularidades en el otorgamiento de subsidios sociales. La OA encontró que mientras algunos expedientes demoran meses, otros son concedidos en pocos días, no sólo para favorecer al destinatario sino para eludir el control de los requisitos. Un expediente, por ejemplo, tenía una nota adjunta en la que se aclaraba que el otorgamiento era de interés de un senador nacional, “como si esto tuviera alguna relevancia...” La verdad es que sí la tiene y de la máxima relevancia. “En el caso de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), en una enorme proporción de los otorgamientos –revela la OA– existía, o bien una nota, o bien otro tipo de referencia, según la cual la entrega de dinero a alguna entidad privada era de interés de algún legislador nacional u otro dirigente político...”
La ANSeS es otra gran usina de variantes para la corrupción. Entre sus múltiples aportes figura la invención de sentencias judiciales. El Departamento de Aplicaciones Informáticas ingresaba al sistema supuestos fallos que elevaban los haberes de algunos beneficiarios. Estos recibían así un inesperado aumento en su haber mensual por un retroactivo ilegítimo. Si la maniobra contaba con la connivencia del beneficiario, éste entregaba parte del aumento a los operadores. En caso contrario, el dinero era cobrado directamente por el operador.
Descubrir y desbaratar una maniobra, debe decirse, no asegura nada. Entre otros caos, una denuncia condujo a anular la contratación de un local para la ANSeS, obtenida por el amigo de un funcionario, que no había presentado la oferta más baja pero sí conseguido, por anticipado, las características que debía reunir el local. Cuando se repitió la licitación, volvió a ganar el mismo amigo del funcionario, y también en ese caso con un precio más alto que el de otras presentaciones.
Aducir una supuesta urgencia es otra manera común de saltarse las normas y operar a gusto. ATC ofrece numerosos ejemplos, como la compra de cuatro cámaras por 614 mil pesos realizada de manera directa, omitiéndose el proceso de licitación, porque se necesitaban para la televisación de los XII Juegos Panamericanos. Pero lo cierto es que esas cámaras fueron entregadas al canal estatal varios meses después de terminados los Juegos para los cuales fueron compradas.
En tiempos de Gerardo Sofovich podía ocurrir, por ejemplo, que se realizara un falso concurso de precios. En una de esas compulsas “compitieron” tres empresas (S, R y Q), que en realidad estaban asociadas entre sí y no se esforzaban por ocultarlo. Así, en papelería membretada de Q se envió un fax relatando las cláusulas que debería contener el contrato entre ATC y S. Por su parte, el fax con membreto de Q había sido firmado por quien posteriormente se identificó como autoridad de R.
Los enjuagues eran facilitados por la falta de un organigrama formal de la televisora y el caos administrativo. La indefinición de autoridades y responsabilidades “habilitó la instalación de un orden jerárquico paralelo e informal”, que llevó a “desvíos de fondos públicos en beneficio de funcionarios y terceros”. El interventor del canal argumentó que “su participación en la definición de la televisación del Juegos se debió a un pedido del Presidente (Carlos Menem) para hacer frente a un presuntoboicot impulsado por la OTI”. Pero para la OA, “dicho boicot nunca existió”. No habrá existido, pero resultó sumamente útil.