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De pronto el acuerdo con el FMI, que parecía inminente, vuelve a ser un problema para el Gobierno. La suposición, casi la certeza que tenían los funcionarios del Ministerio de Economía hace dos semanas tras la visita de Paul O’Neill, de que el convenio con el Fondo se firmaría a fines de este mes, ha desaparecido. En el Palacio de Hacienda admitieron ayer ante Página/12 que las negociaciones volvieron a empantanarse y que tampoco finalizarán en setiembre. La nueva fecha tentativa es octubre, aunque los más optimistas arriesgan que tal vez todo termine para fines del próximo mes. Pero nadie de esa cartera quiere hablar públicamente de fechas para no quedar nuevamente desautorizado. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento a los salarios de empleados públicos y jubilados agravó el panorama. La discusión central con el FMI es, otra vez, por el programa monetario y en ese marco la resolución judicial puso en duda el cumplimiento de las metas fiscales.
“Más que dificultades de orden económico, (el fallo) genera un ruido político importante”, interpretó Roberto Lavagna, en declaraciones previas a la reunión de Gabinete que convocó Eduardo Duhalde a Olivos en carácter urgente. El encuentro con los ministros tuvo como tema central la definición de una estrategia frente al dictamen de la Corte y la nueva postergación en la firma del acuerdo con el FMI. Entre los funcionarios surgió la preocupación de que el veranito financiero devenga en tormenta, con la estabilidad del dólar amenazada por el enésimo desplante de Washington.
El secretario Legal y Administrativo de Economía, Eduardo Pérez, trabajó desde el mismo momento en el que se conoció el fallo de la Corte para idear mecanismos que permitan neutralizar los efectos fiscales de esa resolución. Una posibilidad es pagar la deuda generada con empleados públicos y jubilados por un año de descuento salarial con bonos. Otra alternativa es emitir un decreto de necesidad y urgencia que restrinja el plazo de trabajadores y jubilados para acudir a la Justicia para reclamar la restitución de sus haberes. Cualquiera de las medidas entraña un alto costo político para el Gobierno, que analiza hasta dónde está dispuesto a avanzar. Para colmo, el escenario político se complicó al mismo tiempo que el económico, y a eso se sumó la crisis con el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli.
Lavagna se apuró a aclarar ayer que la decisión de la Corte “no implica en lo inmediato afectaciones financieras importantes” para el Gobierno, dado que la Justicia deberá expedirse en cada reclamo particular. “Serán necesarias definiciones caso por caso”, remarcó. Esto quiere decir que cada empleado público y cada jubilado deberá presentarse ante la Justicia para exigir que se le restituya el dinero descontado o, de lo contrario, seguirá padeciendo el recorte. Sólo en el caso de jubilados y pensionados, los afectados por la medida son 513 mil personas. En Economía se consuelan diciendo que un alto porcentaje de ese total no acudirá a tribunales. Pero la Corte también tiene para dictaminar por una presentación que engloba a todos los trabajadores estatales hecha por la CTA, con fallos favorables en primera y segunda instancia.
El riesgo que advierte el FMI es que el Gobierno tenga que empezar a pagar nuevamente el 13 por ciento, y eso acabe con las proyecciones fiscales trazadas. En Economía maldecían anoche por la oportunidad en que la Corte sacó el fallo. “Si lo hubieran hecho después del acuerdo no pasaba nada, pero ahora nos generaron un problema”, confesó un colaborador de Lavagna.
Entre pasado mañana y el martes, el organismo de crédito devolverá por escrito sus comentarios sobre el borrador de la carta de intención que le remitió el Gobierno hace una semana. “A esta altura deberían estar enviando una misión negociadora para terminar el acuerdo, no una nota casi informal”, se lamentó en diálogo con este diario otro importante miembro del equipo económico. El funcionario reveló que el Gobierno echará mano alas reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de setiembre con el FMI, el Banco Mundial y el BID. El compromiso con el primero de esos organismos es por 2683,9 millones de dólares, de los cuales 2592,4 millones son renovables automáticamente. Los restantes 91,5 millones y los 170 millones que hay que pagarles al BM y al BID saldrán de las reservas, que sufrirán así una poda de 281,5 millones.
El informante del equipo económico contó que la discusión con los técnicos de Washington “es absurda”. “Levantamos el dedo y decimos, el viento viene de allá. Y ellos dicen no, viene de allá”, graficó. La metáfora refiere al debate por el programa monetario, en el cual el Gobierno postula determinadas proyecciones y el FMI responde que son demasiado optimistas. El desgaste por tanto tira y afloje con el Fondo es evidente, sobre todo, porque los técnicos de Hacienda vienen ganando la discusión a sus pares del organismo. Pero en Washington están empecinados en que las estimaciones que figuran en la carta de intención son demasiado optimistas y piden que sean corregidas.
Además, cuestionan el proyecto de ley que se debate en el Congreso para que los bancos extranjeros respalden los depósitos en sus filiales en la Argentina con dinero de la casa matriz. En cambio, la ley que postergó la aplicación del CER por 60 días y las ejecuciones judiciales a morosos por 90 dejaron de ser lo más problemático.