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Las privatizadas reclaman ajustes tarifarios de diversa magnitud, que toman como piso el 34 por ciento de la inflación acumulada en el año y que, en algunos casos puntuales, se disparan hasta por encima del 200 por ciento. Otros prestadores, como los concesionarios de trenes, postergaron para mejores momentos sus ideas de reformular los cuadros tarifarios y se conforman con un subsidio más generoso, que los compense por los “mayores costos”. La información fue difundida ayer a través de una síntesis que preparó el Ministerio de Economía, cuyo vocero advierte que no está en el ánimo de Roberto Lavanga convalidar “ningún número exorbitante”, aunque no hay funcionario que pueda precisar en público cuál es el límite de la razonabilidad. La partida recién empieza y los ajustes en ciernes, ventilados por una síntesis oficial, son apenas una de las cartas a jugar.
Las subas pretendidas son sólo “a cuenta” de otras que se dispondrán en el futuro, en el marco de nuevos contratos de concesión. Pero estos acuerdos deberían ser celebrados por el próximo gobierno y después de acordar una previsible flexibilización a las los programas de obra que las empresas suspendieron casi íntegramente, desde que en enero pasado, el gobierno pesificó y congeló sus tarifas.
Aquellas presentaciones serán debatidas en audiencias públicas, cuyas conclusiones serán giradas luego a una comisión bicameral. A partir de aquí todo depende, en gran medida, de cómo se resuelva la disputa que hoy libra el Poder Ejecutivo con los legisladores del justicialismo, muchos de los cuales tienen posiciones bastante críticas hacia las privatizadas. Al igual que la mayor parte de los opositores –pero a contramano de lo que quiere Economía– aspiran a que las opiniones parlamentarias sobre esta materia tengan fuerza de ley, para poder autorizar o bloquear cualquier cambio que quiera autorizar Economía.
En cualquier caso, el punto de partida para esa confrontación institucional son éstas aspiraciones empresarias:
- Electricidad. Edenor reclamó un 36 por ciento de ajuste para usuario final, Edesur un 35,4 y Edelap un 39 por ciento. Estas adjudicatarias integran la mayoría de energéticas a las que el gobierno les requerirá información adicional para juzgar el aumento pretendido. Los incrementos son muy superiores en el caso de las transportadoras de energía.
- Gas. En este caso, el aumento al usuario final depende de cuánto quiere aumentar la distribuidora su margen, más lo que aspiran otros factores de la cadena, como el transporte. Metrogas aspira a subir su margen (el 30 por ciento de la tarifa final) un 68 por ciento, en tanto que la Transportadora de Gas del Sur (otro 30 por ciento de incidencia final) prevé un incremento de 173 por ciento en la parte que le corresponde. Ello se traduciría en un incremento final de aproximadamente un 140 por ciento para el consumidor, de satisfacerse la demanda de las concesionarias. Transportadora Gas del Norte requirió un incremento “más moderado”, del 39,4 por ciento. Según cálculos oficiosos del Enargas, la distribuidora Metrogas aspira a una suba del 34 por ciento en las tarifas residenciales capitalinas.
- Teléfonos. Telefónica de Argentina plantea un ajuste del 34,65 por ciento sobre todas las tarifas del servicio básico telefónico, como resultado de aplicación del índice de costo de vida, más actualización por precios hasta que termine la renegociación del contrato. Telecom postula un ajuste del 43 por ciento en el servicio local, 52 por ciento en la telefonía pública, de entre el 9 y el 21 por ciento en larga distancia y alrededor del 275 por ciento en las llamadas internacionales. Este último incremento fue justificado porque el carrier internacional se abona en dólares (a un prestador del exterior), que el concesionario local paga aunque no pueda cargarlo a su cliente.
- Agua. El incremento pretendido por Aguas Argentinas llega al 42 por ciento. El comunicado oficial no hace ninguna alusión a los argumentosutilizados por la empresa para reclamar esa suba, cuando hasta no hace muchas semanas se aseguraba que en este servicio no habría ajuste, sino que se compensaría a la concesionaria con postergaciones en el plan de obras obligatorio.
- Peaje. Los únicos que reclamaron aumento son los operadores de los accesos a la Capital Federal. Autopistas del Sol, un 15 por ciento de ajuste en el ticket más un subsidio de 70 millones anuales. El Grupo Concesionario Oeste reclamaría, según infiere el Palacio de Hacienda, alrededor del 50 por ciento. Autopista Ezeiza Cañuelas, un 50 por ciento más un subsidio. Coviares (autopista a La Plata) pretende un subsidio o un aumento de hasta 30 millones anuales. Los concesionarios de rutas nacionales no reclamaron ningún aumento: por ahora cobran un subsidio que proviene del Fondo de Infraestructura que administra Economía.
- Trenes. Las líneas urbanas exigen “compensaciones por mayores costos”, es decir, un aumento de la subvención que volvieron a cobrar meses atrás. Los cargueros omitieron presentación y Ferroexpreso no planteó ajuste alguno: la línea de Techint aspira a que el Estado mejore la infraestructura en vías en distintos recorridos. El resto tiene sus contratos en revisión y con multimillonarios incumplimientos en obras.
Según dejaron trascender los funcionarios ligados al tema, el Gobierno no está dispuesto a autorizar aumentos por encima del 10 por ciento, aunque el propio oficialismo parlamentario sugiere que Economía sería capaz de convalidar más del 20. Del mismo modo que los técnicos oficiales estudian cómo instrumentar una tarifa social, también analizan cómo desdoblar el aumento para moderar el impacto no sólo económico, sino fundamentalmente político. Así, mientras que los usuarios de menores recursos serían “beneficiados” por un congelamiento de tarifas hasta fin de año, un ajuste equivalente a la inflación acumulada para el resto no resultaría un imposible.