Mientras el Gobierno busca herramientas para disciplinar los precios, se acentúa la percepción de los empresarios privados de que hay una brecha cada vez mayor entre los registros oficiales y la inflación real, tal como lo demuestra una encuesta privada difundida ayer. En tanto, el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, ratificó la validez de la Ley de Abastecimiento, herramienta utilizada por la Secretaría de Comercio Interior para sancionar a empresas como Shell.

“Las facultades otorgadas por la ley 20.680, que fueran oportunamente suspendidas por el decreto 2284/91, fueron restablecidas en cuanto a su vigencia, en virtud de los dispuesto por el decreto 722/99”, concluye el dictamen de la Procuración. El pronunciamiento sobre la vigencia de esta norma fue solicitado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, luego de que el secretario Guillermo Moreno la invocara para multar a Shell.

El respaldo de la Procuración permite a Comercio Interior ganar chances sobre una eventual resolución positiva de este recurso. Lejos de amedrentarse, Moreno siguió sus embates contra quienes considera adversarios de la política oficial: ayer querelló a Susana Andrade, titular del Centro de Atención al Consumidor por presuntas calumnias. La dirigente advirtió en declaraciones radiales que el funcionario le había “prohibido” hablar de precios, bajo amenaza de que podría pasarle algo.

Estos entredichos, sumados a la conocida manipulación de los índices oficiales, impactan negativamente en la percepción privada. Según un relevamiento entre 160 empresas de la Sociedad de Estudios Laborales, seis de cada diez perciben que la inflación real “es de al menos 16 puntos”. “La pérdida de credibilidad del IPC oficial hizo crecer una brecha, que a fines del año pasado no existía de casi 8 puntos hoy”, subraya el titular del SEL, Ernesto Kritz.