“No, acá no vive”, respondió la mujer desde la ventana. “Se mudó hace poco”, contestó un señor mayor asomado al balcón. “Está de viaje hace meses...”, dijo un encargado de edificio, cumpliendo instrucciones del vecino del segundo piso previendo que lo iban a llamar como autoridad de mesa para las elecciones. Estas fueron las respuestas más escuchadas por los carteros que no pudieron entregar las notificaciones emitidas para convocar a los ciudadanos, y en un hecho sin antecedentes fueron rechazados el 85,9 por ciento de las notificaciones: de 17.751 telegramas emitidos, 15.249 no pudieron ser entregados a sus destinatarios por situaciones como éstas. Entre los que aceptaron la comunicación, 1092 acudieron a excusarse ante la Justicia. Ante esta situación, algunos jueces electorales, entre ellos María Servini de Cubría y Manuel Blanco, buscaron garantizar el desarrollo del comicio y la primera propuso que sean empleados judiciales los que cubran la carencia de autoridades. “Siempre hay un alto nivel de excusados, pero suponemos que ahora vamos a superar el nivel histórico, es un fracaso social”, comentó a Página/12 una alta fuente de la Justicia electoral, para quien la iniciativa de Servini sería un mal antecedente. “La ley Sáenz Peña funciona porque plantea como único universo el de los ciudadanos como fiscales del sistema”, agregó.

La jueza federal con competencia electoral y la Junta Electoral se dirigieron a la Corte Suprema para pedirle que autorice convocar en carácter de “mecanismo excepcional” a empleados y funcionarios judiciales para que actúen como autoridades de mesa el domingo próximo en Capital Federal. Se les pagaría el triple que lo que cobran en circunstancias normales quienes ejercen esta carga pública: 180 pesos. La fuente consultada por este diario también marco en esto una “inequidad”. El Poder Ejecutivo, a través del director nacional electoral, Alejandro Tulio, dio el visto bueno para el uso de los fondos. Sin embargo, existe una enorme incógnita. La Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal en materia de comicios, se expedirá al respecto, pero la Junta Electoral tiene atribuciones para implementar esta medida de emergencia convocando a los poderes públicos.

Otra alta autoridad en la materia sostuvo que designar empleados judiciales violaría el espíritu del Código Electoral, ya que los presidentes de mesa tienen que ser elegidos al azar y, en cambio, se podría suponer que los empleados judiciales tienen tal o cual predisposición política. “Si resulta que todos los empleados que participan son del sindicato de (Julio) Piumato podría pensarse que eran simpatizantes de Cristina”, graficó la fuente. “Suponga por un instante que en lugar de empleados judiciales se convoque a militares –le dijo a Página/12 uno de los responsables en materia electoral–. Habrá partidos que pongan el grito en el cielo porque dirán que están predispuestos a favor de partidos ubicados en la derecha o la centroderecha. De alguna manera se pierde la idea de que los presidentes de mesa no tienen que ser de ninguna franja especial de la sociedad”. El espíritu de la ley electoral enfatiza en la inconveniencia de acotar el universo en la selección de los que protagonizan el comicio.

En la mayoría de los casos la respuesta formal fue: “destinatario desconocido”. El fenómeno también ocurre en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Gran Córdoba, en menor medida en Rosario y Gran Rosario y en Chubut. “Esto sucede en los centros urbanos, en Purmamarca está todo bien porque en el interior es como un reconocimiento ser elegido, y, además, los 60 pesos que se pagan valen más”, apuntó la fuente.

Manuel Blanco, el juez con competencia electoral en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “como nunca, todo el mundo aparece como que se hubiera mudado porque los telegramas de citación que se envían por el Correo Argentino llegan devueltos con la novedad de que el ciudadano designado para la función de autoridad de mesa se ha mudado de domicilio”.

Las razones del rechazo son variadas y controvertidas. Están quienes dicen que es producto de la frialdad de la campaña electoral y de la apatía de los ciudadanos. Otros sostienen que es un proceso que se da a nivel internacional: la gente ya no le presta tanta atención a las elecciones ni tiene la vocación cívica de hace unas décadas. En ese sentido, no faltan los que consideran que tiene que haber un pago mayor por esa jornada laboral y que debería ser como un trabajo ocasional apetecible.

Entre quienes imparten justicia electoral hay quienes creen que esto sucede porque los jueces electorales no meten presos a quienes evaden esta carga pública. Otros de igual jerarquía consideran que “se trata de decisiones colectivas, si la gente no participa y no hay condena social para esto” el remedio coercitivo tampoco sería efectivo. A quienes están dedicados a la organización del comicio del domingo les llamó la atención que los ciudadanos rechacen la tarea de fiscalizar mientras varios candidatos hablan de la posibilidad de fraude. “Quizá son votantes preocupados por la calidad institucional y la salud de la República, pero prefieren pasar el domingo en familia o en el country. O la gente no ve el peligro o los candidatos no han logrado encender el fervor para contrarrestar el supuesto fraude”, especulan los funcionarios.

Con las cifras actuales, “únicamente se podría constituir el 11,91 por ciento del total de mesas de votación que deberían funcionar en este distrito de la Capital Federal”, advirtió la Junta Electoral. En realidad, el Código no menciona la forma en la que se deben elegir los presidentes de mesa. Sólo dice que deben ser electores hábiles, residir en la sección electoral y saber leer y escribir. El texto menciona que la Junta Electoral debe elegirlos veinte días antes de los comicios, pero no lo fija como un plazo limitativo.