Antes de que el gobierno electo comience a armar sus equipos de gestión, y antes de que el actual haya vaciado sus cajones, el Estado argentino deberá resolver si ejerce la opción de ampliar del 5 al 20 su participación accionaria en Aerolíneas Argentinas, avanzando así en el proceso parcial de reestatización. La operación de fuerte sentido político e impacto millonario puede concretarse hasta el 23 de noviembre, fecha tope prevista por un acta-acuerdo firmada el año pasado en Madrid con Marsans, el accionista privado. Quizás uno de los primeros en enterarse de cuál será la determinación en este sentido sea el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el primer mandatario extranjero que tiene previsto visitar el país después de los comicios del domingo y antes del cambio de mando.

Los técnicos de la Subsecretaría de Asuntos Financieros del Ministerio de Economía ya elevaron a Presidencia un informe que precisa algunas cuestiones clave para tomar una decisión que, naturalmente, resultará más fácil de instrumentar si el traspaso de la banda presidencial se hace de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner. En ese trabajo se detallaron deudas que la compañía a cargo de los españoles de Grupo Marsans tiene a favor del Estado nacional. Este dato es relevante ya que la alternativa considerada más viable para aumentar la tenencia accionaria pública es la eventual capitalización de pasivos.

Este recurso eximiría al Estado de tener que desembolsar fondos frescos para comprar el 15 por ciento restante de una empresa cuyo valor está en discusión. Según surge del último balance, a diciembre del 2006, el patrimonio neto de la compañía es de 394 millones de pesos. Pero fuentes de la propia privatizada sugieren que el valor de mercado supera los 1400 millones de dólares. La cuenta en uno y otro caso es diferente, tanto como el esfuerzo fiscal para concretar esa operación.

En la empresa aseguran que no hubo ninguna conversación con los funcionarios sobre ese punto decisivo, lo que a la fecha haría suponer que el Estado desistirá de ejercer la opción. De cualquier modo, y en virtud del acuerdo rubricado en España a mediados del año pasado con los accionistas privados, el Estado ya recuperó el poder de veto sobre algunas decisiones centrales cuando elevó del 1,34 al 5,00 por ciento su participación en la sociedad que también integra con los trabajadores.

Al operador turístico hispano tampoco parece desvelarle la chance de que su participación quede reducida al 70 por ciento (el 10 por ciento es el Programa de Propiedad Participada). Esto se debe a que, aun en ese caso, no se modificará su potestad sobre Austral –íntegramente de Marsans–, compañía a la que fue transfiriendo gran parte de las rutas de cabotaje, útiles para redistribuir el flujo de visitantes que trae desde Europa. Tampoco hay indicio alguno de que el Estado vaya a disputarle el gerenciamiento aun en caso de llegar a tener un quinto de las acciones. Finalmente, el negocio aeronáutico sigue siendo muy vulnerable, aunque AA haya conseguido en dos ejercicios consecutivos disminuir sus quebrantos de 400 a 100 millones de pesos.

Para incorporar a Aerolíneas parte de los setenta Airbus que Marsans anunció haber comprado, la compañía reclama la firma de un convenio con todos los sindicatos aeronáuticos que despeje el horizonte de conflictos por los próximos cinco años. Una especie de ensayo en el reducido ámbito de una empresa de la paz social que promueve la candidata Kirchner. Las posibilidades de celebrarlo son escasas, en particular si se atiende que los pilotos acaban de denunciar penalmente a la compañía por no respetar el régimen de vacaciones.

Gerardo Díaz Ferrán y Pascual Díaz, los dos principales directivos de la línea privatizada, no están por ahora muy preocupados por el eventual ejercicio de aquella opción que en menos de un mes habrá caducado y que, tal como están las cosas planteadas, sólo parece útil para el Estado si fuera la única vía para cobrar deudas fiscales que por otro camino resultara imposible.