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Después de haber exigido con vehemencia la realización de audiencias públicas para discutir los inminentes aumentos en las tarifas de servicios públicos, las asociaciones de consumidores hoy se manifestarán contrarias a esta instancia de discusión. Bajo el liderazgo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el foro que nuclea a aquellas organizaciones denunciará públicamente que el único objetivo de esos encuentros será convalidar un aumento ya decidido políticamente.
Ante la presión de esas organizaciones, el Gobierno decidió convocar a audiencias que comenzarán en setiembre. Las conclusiones no serán vinculantes, pero servirán como instrumento de presión política para avalar o rechazar los ajustes reclamados por las empresas, que en ningún caso bajan del 30 por ciento. El 25 del mes próximo está prevista la audiencia para tratar las tarifas eléctricas, el 26 para el gas, el 4 de octubre será el turno del servicio de agua potable y el 7 le tocará a las telefónicas.
“Nosotros siempre defendimos la realización de audiencias públicas. Pero ahora lo que se está discutiendo es todo el contrato de concesión y por ello debe esperarse a las conclusiones de la comisión renegociadora”, interpretó ayer ante este diario Alejandro Grossman, asesor jurídico de Alicia Oliveira, defensora del Pueblo de la Ciudad. La Defensoría, así como las asociaciones de consumidores, concluyeron que, en las condiciones en que fueron convocadas, las audiencias sólo servirán para convalidar los aumentos ya resueltos y no para promover una discusión genuina acerca de si corresponde o no aumentar. “Por lo tanto, estamos ante una trampa: las empresas y el Estado deberían discutir todo el contenido de los contratos”, advierte Grossman.
Pero la denominada “comisión renegociadora”, que funciona en el Ministerio de Economía, no fue creada con el propósito de realizar una revisión contractual integral, sino sólo para analizar si es admisible un aumento de tarifas que compense a las adjudicatarias por los mayores costos generados por la devaluación. Sin embargo, tras la pesificación y congelamiento de las tarifas, los contratos de concesión se transformaron de hecho en letra muerta. A través de la resolución 308, Economía acaba de relajar algunas exigencias de las prestaciones, aunque reiterando que éstas deben cumplir con los estándares mínimos de calidad comprometidos contractualmente. Este reclamo, sin embargo, queda relativizado por otro criterio plasmado en la norma: si las adjudicatarias incurrieran en algún incumplimiento derivado de la devaluación –más costos para importar cables o necesidad de destinar más recursos al pago de la deuda, por ejemplo–, están provisoriamente eximidas de pagar multas al Estado.
Días atrás, Edenor y Edesur reclamaron por nota al Ente Regulador de la Electricidad que se considere a la devaluación y sus consecuencias como “razones de fuerza mayor” y, en virtud de ello, se les justifiquen desvíos en las exigencias de calidad del servicio. Pero el órgano de control, cuya respuesta a las empresas llegó antes que la resolución de Economía, cerró el camino a aquel perdón, ya que invocó el decreto 10 de la ley de Emergencia votada el 4 de enero, por el cual se impide expresamente a las prestadoras rebajar la calidad del servicio.