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La Unión Industrial Argentina presentó al Ministerio de Trabajo, junto con el proyecto de reforma laboral para las pyme, un “programa de emergencia laboral-productivo”. Se trata de una serie de normas que, como toda declaración de emergencia, van más allá de los límites fijados para un período de normalidad. Los industriales advierten que “es utópico pensar que en esta coyuntura el mercado laboral puede quedar abstraído de esta realidad mediante la implementación de normas que tienden a limitar el derecho de las empresas para contratar personal o ajustar sus planteles” a menor costo. La principal medida es la posibilidad de aplicar suspensiones por el transcurso de un año, pagando a los trabajadores el 50 por ciento de su remuneración neta. Si cumplido ese plazo la compañía no puede reincorporar al empleado, podrá pagarle la indemnización en 12 cuotas. Este régimen parece pensado para las privatizadas y otras grandes empresas con necesidad de hacer ajustes de personal, aunque su alcance es general. El Gobierno discute la propuesta. Una posibilidad es que a cambio de su aprobación se pida la prórroga del pago de los 100 pesos no remunerativos durante todo el año que viene.