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“El retiro de alguno de los ministros de la Corte haría a la salud de la República.” Esa es parte de la evaluación que hace el decano de la Facultad de Derecho (UBA), Atilio Alterini, después del archivo del juicio político contra los supremos, aunque no cree que sea imposible que recompongan, un poco, su imagen. De todos modos, en diálogo con Página/12, remarcó: “Cuando la gente deja de creer en las instituciones, éstas dejan de servir”. El proceso de enjuiciamiento, sostuvo el jurista, “no ha sido precisamente un ejemplo de afirmación institucional”. Al máximo tribunal le reprocha, jurídicamente, sus criterios fluctuantes. “Nadie sabe lo que piensa. Estamos sobre ascuas”, señaló.
–¿Qué responsabilidad tiene la Corte Suprema en la crisis institucional que atraviesa el país?
–A los responsables de esa crisis los podemos encontrar en muchos lados. Los actos de gobierno los produjeron el Ejecutivo y el Legislativo, por acción u omisión. La Corte nos ha dejado con soluciones pendientes, con un criterio distinto al que usó en 1990 cuando resolvió el caso Peralta, vinculado a medidas económicas tomadas muy poco antes.
–¿No es la Corte la que debe señalar los límites a los otros poderes?
–Lo que quiero decir es que el caso Peralta (con el que se avaló el Plan Bónex) se resolvió rápidamente. Esta vez llevamos ocho meses sin definiciones. En la composición actual de la Corte este comportamiento ha sido una constante. Y aun con el fallo Peralta el jurista Germán Bidart Campos decía que la Constitución quedaba entre paréntesis. Se esperaba que la Corte pusiera límites y no lo hizo. Esto no es nuevo. Hay una actitud poco firme de la Corte frente a los desvíos de poder. En el fallo sobre el caso Smith (que cuestionó la legalidad del corralito en un caso), por ejemplo, no hizo un análisis del fondo de la cuestión, no hay un criterio actual sobre eso.
–¿Usted cree, como han afirmado Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, que salieron fortalecidos con el archivo del juicio político?
–Se liberaron de una incógnita sobre si los iban a separar o no del cargo. Pero no creo que estén fortalecidos, porque todo el proceso fue de gran deterioro institucional.
–¿Ve posibilidades de que la Corte recupere credibilidad?
–El recupero de credibilidad no es de generación espontánea. Tendrá que ver con el curso de acción que siga la Corte en los próximos tiempos, con su respeto de los principios constitucionales y con despejar la idea de que existe una mayoría que funciona siempre como tal. Se trata de hechos y no de palabras. La realidad es que la opinión de la gente responde a circunstancias más o menos inmediatas; el argentino no se caracteriza por tener una memoria durable. Si conservara la memoria, muchos personajes deberían haber desaparecido de la vida pública hace tiempo.
–¿Debería irse alguno de los supremos?
–Es una decisión personal. Lo que creo es que la Corte como organismo ha perdido credibilidad. Cuando la gente deja de creer en las instituciones, éstas dejan de servir. Es posible que el retiro de alguno de los ministros de la Corte mejore la imagen pública y haría a la salud de la República.
–¿Quién puntualmente debería dar un paso al costado?
–No sé si alguien en particular. Cada uno sentirá lo que tiene que hacer. Se me viene a la cabeza la frase “al que le caiga el sayo que se lo ponga”, eso quiero decir. Lo que ocurre, igual, es que la gente no cree en la Justicia en general, en el sistema judicial. Esto viene de mucho tiempo atrás. Un cambio sería importante no sólo por el respeto de los derechos individuales, sino para que la Argentina sea elegida como alternativa de inversión. Este es un país de riesgo, y uno de esos riesgos es el judicial.
–¿Cómo se podría empezar a revertir ese escenario?
–Con acciones concretas, sentencias, jueces que se preocupen puntualmente por el cumplimiento de su rol. Que no digan, como ha ocurrido, que lo que piden los litigantes no les interesa.
–¿Habría que promover otro juicio político a la Corte?
–De hacerlo, debería ser por hechos nuevos, no por los que ya fueron juzgados. Realmente el juicio político no ha sido precisamente un ejemplo de afirmación institucional. La sensación que tiene la gente es que se lo utilizó políticamente al promoverlo, y que concluyó políticamente. Buena parte de los jueces ha tenido más votos en contra que a favor, pero como espectáculo cívico ha sido de muy poca jerarquía.
–¿Por qué no ha sido un ejemplo de afirmación institucional?
–Porque, insisto, pareció un juicio iniciado y terminado irregularmente. La sensación que hay es que el Ejecutivo lo impulsó primero y lo desactivó después. Es la impresión que ha dejado en la comunidad. Un espectáculo para nada elegante.
–¿Se negoció con la Corte?
–No sé si se negoció con el tribunal, pero pareció un proceso irregular.
–¿Es posible evitar que una Corte tenga comportamiento político?
–Es deseable, en el sentido diminuto de la política. La Corte es un órgano político, pero de alta política. Detrás de sus fallos viene todo un universo de rebote en el sistema, sobre todo en relaciones económicas. Pero la Corte no tendría que apartarse de las consecuencias de sus sentencias. Si el tribunal incurre en conductas que tienen que ver con las políticas partidarias, la toga la llevan de adorno, descalifica su acción. Y es cierto que en ese sentido hay un velo de sospecha y desprestigio fuerte. Hoy, además, todo el mundo recurre a la Corte, pero porque nadie sabe lo que ella piensa. Estamos sobre ascuas. Es poco deseable tener que ir a la CIDH (como acaban de hacerlo el CELS y el Colegio de Abogados) a denunciar que la Corte viola el derecho de justicia, y es una vía que se usa en casos excepcionales.
–¿Qué posibilidades tiene de prosperar ese reclamo?
–Lo que diga la CIDH no es vinculante. A lo sumo nos podrán retar.
–¿Algún fallo de la Corte, de los últimos tiempos, le resultó particularmente preocupante?
–Lo que me resulta preocupante es que no todos los fallos de la Corte sean creíbles. La Corte del ‘30 validó leyes de moratoria, que suspendían los desalojos, que disminuían el monto de los intereses. Todas esas cuestiones fueron declaradas constitucionales y la gente no salió a la calle con pancartas y cacerolas. Era una Corte creíble. Es muy grave que se haya llegado al punto de que la gente salga a la calle porque cree que la Corte no tiene una línea de coherencia con la Constitución. Eso no ocurrió en otra época.
–¿Alguna Corte en el mundo le parece un modelo a imitar?
–Nuestro sistema constitucional tiene por base el norteamericano. La Corte de los Estados Unidos tiene tanto prestigio que hace algunos años el sociólogo Vance Packard decía que el presidente de ese tribunal tenía grado uno en el orden de prestigio, mientras que al presidente de la Nación le correspondía el grado dos. Era más prestigioso ser el presidente de la Corte. En esa Corte estuvo Holmes, que fue juez durante el New Deal, y después le siguió Benjamin Cardozo. Son los más respetados juristas del mundo, un estándar a seguir. El alto tribunal norteamericano, además, atiende muy pocos casos por año y sus pronunciamientos son muy debatidos, son joyas desde el punto de vista jurídico.