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El Gobierno nacional elevará al Congreso un proyecto de ley para reducir la tasa del impuesto a las Ganancias del 35 al 30 por ciento para empresas, para los balances cerrados entre el 31 de marzo de 2002 y el 28 de febrero de 2003. Dicha disminución de la tasa busca compensar el impacto inflacionario sobre los resultados que, de acuerdo con los especialistas, “inflaría artificialmente” las utilidades. La reducción de la tasa sustituye el ajuste por inflación reclamado por los contadores. El Gobierno dispuso desestimar dicho ajuste porque “reintroduciría un sistema indexatorio en toda la economía”, según explicó ayer el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
En forma absolutamente inusual, Lavagna ofreció dos conferencias de prensa en la misma tarde. Junto al secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, anunció la rebaja impositiva a las empresas remarcando su carácter “transitorio y por única vez”. A su vez, se propondrá el otorgamiento de un tratamiento especial a las inversiones que se concreten entre el 1º de abril de este año y el 31 de marzo del próximo, consistente en un incremento de las amortizaciones impositivas (imputables como pérdidas en cada ejercicio) del 50 por ciento por sobre las que le correspondan.
Con respecto a los efectos de la inflación sobre los resultados impositivos del ejercicio corriente, los técnicos coinciden en que “no hay dos situaciones iguales” aunque, en términos generales, puede afirmarse que a mayor tenencia de activos monetarios en moneda local (cuentas a cobrar en pesos, por ejemplo) más perjuicio genera la inflación, ya que esos créditos se cobrarán en un momento posterior ya devaluados, sin que esa pérdida en términos reales se refleje en los resultados sobre los que se paga el impuesto. Salvo las empresas exportadoras, son pocas las que puedan tener una proporción importante de sus acreencias en divisas.
Si bien tanto las fechas tope elegidas como la magnitud de la rebaja del impuesto son arbitrarias, Economía no tenía muchas opciones para eludir el ajuste por inflación. Sin embargo, la reducción de cinco puntos en la tasa fue explicada como una proporción entre el impacto promedio de la inflación para las empresas y la recuperación que necesitaría el fisco para no verse afectado en sus ingresos por cobrar en una fecha diferida los impuestos.
Sarghini señaló que, en términos nominales, el Estado cederá unos 500 millones de pesos de recaudación, pero aseguró que esa pérdida ya estaba contemplada en el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2003. La decisión del Gobierno dista de parecerse al dictamen de la comisión de expertos que se convocó para tal fin, cuya opinión se acercaba a una metodología de ajuste por inflación del tipo tradicional, que se aplicó en la economía argentina antes de la convertibilidad.