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Uno de los proyectos de ley para limitar las consecuencias de la tercerización laboral recibió ayer dictamen favorable sin disidencias de ningún sector en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. La iniciativa que había sido presentada en 2009 por el entonces diputado Julio Piumato volvió a cobrar relevancia legislativa tras el asesinato de Mariano Ferreyra. Las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo otorgan más herramientas a los asalariados subcontratados para defenderse de los abusos de sus empleadores. En el Frente para la Victoria buscarán que la medida sea tratada con preferencia en el recinto antes de que finalicen las sesiones y lograr media sanción en Diputados este año. La próxima semana se tratará en comisión un segundo grupo de modificaciones complementarias.

Los cambios propuestos por la legislación no eliminan la tercerización, sino que apuntan a revertir una parte del giro flexibilizador que exhibió la Ley de Contrato de Trabajo durante la última dictadura militar y el menemismo. Esas modificaciones de matriz neoliberal establecieron que los empresarios son responsables solidarios solamente cuando la tercerización se realiza sobre la actividad principal de la compañía, eliminando el compromiso cuando la subcontratación se efectúa en sectores accesorios. Precisamente es en esas actividades, como la limpieza o el transporte, donde la precarización es una práctica difundida.

La nueva versión del artículo 30 de la ley vuelve a extender la responsabilidad solidaria de las empresas que subcontratan a todos los trabajadores en esa condición sin importar la tarea que desempeñen. El texto de la norma establece que quienes subcontraten o deleguen trabajo “deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social”.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, consideró que los cambios “terminan con la posibilidad de que se les rebajen los derechos a los trabajadores con la excusa de bajar costos”. A su vez, el abogado de la CGT comentó que “los cambios consagran que se aplicará el convenio laboral más favorable para el trabajador”. De esa forma, cuando exista la posibilidad de pagar salarios de acuerdo a dos ramas de actividad diferentes, como pueden ser aceiteros y molineros, o comercio e informáticos, se aplicará la regulación más beneficiosa.

Aunque queda menos de un mes para el fin de las sesiones ordinarias y una vasta lista de proyectos pendientes, el abogado de la CGT estimó posible que la reforma reciba tratamiento en el recinto este año. En ese sentido, la iniciativa cuenta con el apoyo de diputados de sectores como el Partido Socialista, Nuevo Encuentro, SI-Proyecto Sur. Además, la oposición que forma parte de la Comisión de Legislación del Trabajo no cuestionó el texto.

“Es un avance muy importante. Lástima que haya tenido que pasar lo que sucedió (con Mariano Ferreyra) para que tomara lugar en el Congreso”, apuntó a este diario el autor del proyecto y titular del gremio de judiciales, Julio Piumato.