El camarista mendocino Julio Demetrio Petra, acusado de proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la última dictadura, quedaría hoy a un paso del juicio político por “mal desempeño”, y hasta existe la chance de que el Consejo de la Magistratura ya disponga su suspensión. El organismo tiene previsto analizar un dictamen donde se lo acusa de haber actuado con visible parcialidad al menos en dos expedientes sobre violaciones a los derechos humanos. El texto, impulsado por Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo), además responsabiliza a Petra por “contribuir al estado de gravedad institucional por el que atraviesa en la actualidad la Justicia federal de Mendoza, procurando, entre otros artificios, retardar la investigación criminal que se sustancia contra su amigo y colega de la Cámara Federal, Otilio Romano”, por su complicidad con el terrorismo de Estado. La situación de Romano, que con una medida cautelar dictada por un juez ad hoc amigo frenó la investigación del Consejo que complica su futuro, volvería a ser debatida hoy. La diputada Diana Conti propone enjuiciarlo por la ilegalidad de ese amparo. Tampoco se descarta que en breve otros camaristas provinciales dejen la cautelar sin efecto.

El cuadro de “crisis judicial” en Mendoza, donde varios jueces que son investigados por su connivencia o participación en los crímenes dictatoriales buscan protegerse entre sí, fue señalado ayer en un fallo de la Cámara de Casación Penal que resolvió apartar al propio Petra, a Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti de los expedientes sobre delitos de lesa humanidad (ver página 11).

Petra Fernández, un camarista que liberó en forma masiva a represores de Mendoza, San Luis y San Juan, tiene una decena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura promovidas por víctimas y organismos de derechos humanos de Mendoza. Hay dos casos en condiciones de ser votados hoy en el organismo, por los que Masquelet pide que se lo suspenda. Lo acusa, por un lado, de haber firmado la excarcelación del sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, que lo reconoció como su torturador. Petra no puso en duda los hechos, pero sí la coautoría de Martel y el testimonio de Camus. Masquelet recuerda la relevancia de la palabra de los sobrevivientes en estos juicios. Es evidente, dice, la “falta de imparcialidad” del camarista. Esa conducta, agrega, también se reflejó al insistir Petra en no excusarse en la causa que encabeza como imputado Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de que otros camaristas lo apartaron después de que descalificara públicamente al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y al fiscal Jorge Auat, de la Unidad especial sobre delitos de lesa humanidad.

El dictamen debe ser votado primero por la Comisión de Disciplina y Acusación, que se reúne al mediodía, pero existe la chance de que el plenario, convocado por la mañana, se “constituya en comisión” y hasta se vote la acusación y la apertura del juicio político en el acto. Si no la suspensión se votaría el jueves que viene. El texto de Masquelet también muestra las acciones de Petra para amparar a su colega Romano. Entre ellas, no haberse excusado pese a su amistad y resolver junto con otros dos jueces subrogantes –no menos cuestionados– el apartamiento del juez Walter Bento, que había citado a indagatoria a Romano por considerarlo partícipe en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas cuando era fiscal durante la dictadura.

Romano eludió la citación con un parte de enfermo y se tomó licencia médica. A pesar de todo, después de correr a Bento –describe el dictamen– ambos cenaron a la vista de todo el mundo con vino y dos botellitas de champán en un bar céntrico de Mendoza, según consignaron los diarios locales, lo que “no hace más que poner de manifiesto no sólo la imprudencia y la falta de decoro (...) sino también su absoluta indiferencia hacia la indignación que sienten todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado que aún reclaman una respuesta de la Justicia federal de Mendoza”.

Romano tiene dos grandes expedientes en el Consejo por su complicidad con la dictadura, pero el abogado Carlos Parellada, nombrado juez ad hoc por la propia Cámara que Romano integra, dictó una medida cautelar a su favor que suspendió el proceso. El Consejo apeló, pero todos los camaristas se excusaron. Para Romano es ideal el paso del tiempo: en dos semanas el Consejo cambiará casi por completo sus integrantes. Los consejeros debatieron ignorar la cautelar, pero primero intentaron una intervención de la Corte Suprema, que sólo les hizo un guiño extraoficial para que avanzaran, ya que ningún amparo puede impedir juzgar a un juez, si no todos harían lo mismo. En el ínterin, Petra –que en esto estaba excusado– decidió anular por “superintendencia” el sorteo de jueces suplentes para el amparo y mandó el expediente “en consulta” a la Corte, que hoy devolvería las actuaciones, y podría haber una resolución que suspendiera el amparo. La diputada Conti presentó un dictamen donde acusa a Romano y a Parellada por la ilegalidad de ese amparo y pide citarlos como sospechosos que se debatirá hoy. Quizá la semana que viene también llegue la hora de la suspensión a Romano.