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Los economistas Aldo Ferrer, Eduardo Curia, Alejandro Vanoli, Abraham Gak y Andrés Tavosnanska coincidieron ayer en destacar el impacto favorable en el consumo de sectores de bajos ingresos que se derivará del otorgamiento de una suma fija de 500 pesos antes de fin de año para los jubilados que cobran hasta 1500 pesos. La medida anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner implica una erogación “sostenible” para el fisco y “no debería tener como correlato nuevas subas de precios”, indicaron esos analistas.

Ferrer, profesor de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Plan Fénix, evaluó el anuncio como “un paso en el buen sentido” y “una mejora sustantiva en el haber jubilatorio, que va a tener un efecto importante en el consumo”. Consideró además que se trata de un pago con “financiamiento factible, porque está dentro de los recursos ya disponibles”. “El Gobierno demostró que cuida el equilibrio fiscal y en los últimos meses ha habido un aumento de la recaudación mayor a los gastos, de modo que tendrá un efecto relevante en las cuentas”, dijo Ferrer. En cuanto al eventual impacto en la inflación, Ferrer afirmó que “ese es otro tema, hay que ver cómo se desactiva una indexación implícita, inercial, y para eso está en marcha un acuerdo tripartito para que se sienten a conversar el Estado, los sindicatos y empresarios”.

Curia, por su parte, señaló que la suma fija “es un elemento que de alguna manera va a contribuir a elevar el consumo de los pasivos que menos cobran”. Agregó que, en materia fiscal, “no va a alterar la secuencia de superávit que estamos conociendo”, ya que “más allá de congratularme por los jubilados, el pago no tendrá una significación tremenda en términos macroeconómicos”. Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, sostuvo a su vez que el anuncio “es la continuidad de una política que tiende a generar una mayor equidad en la distribución del ingreso y a sostener las políticas pro crecimiento que le permitieron a la Argentina crecer a tasas muy altas y salir rápidamente de la crisis internacional”. “Es algo justo y por otro lado sostenible, a diferencia del 82 por ciento móvil que proponía la oposición, que era regresivo, ya que beneficiaba sólo a las jubilaciones más elevadas, liquidaba el fondo de garantía y ponía en crisis el sistema previsional.”

Gak, también profesor de la UBA y coordinardor del Plan Fénix, evaluó que “es un incremento que se tenía que dar, porque los haberes ya empezaban a quedarse desfasados”, de modo que “aunque no resuelve el tema básico, es indudablemente una mejora”. Destacó que el refuerzo se suma al régimen de movilidad previsional fijado por ley y resaltó que “mediante la utilización de recursos del Estado que ya están percibidos va a repuntar la capacidad de consumo de la población, ya que se trata de una suma significativa para los que ganan menos”.

Tavosnanska, economistas de AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina), consideró que el anuncio, como los aumentos al salario mínimo y la Asignación Universal por Hijo, “son ejes fundamentales de una política redistributiva, que permite reducir el alto nivel de desigualdad que creó el país después de un cuarto de siglo de desindustrialización”. Destacó además que la medida “permite incrementar en forma sostenida el mercado interno e impulsa un crecimiento de la producción y la recaudación, sin que haya razones para el traslado a los precios”.