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“Es el Estado nacional el que debe gestionar el sector de hidrocarburos, como un sector estratégico, para administrar y distribuir los recursos energéticos no renovables y satisfacer las necesidades coyunturales, a mediano y largo plazo de toda la población.” La afirmación corresponde al economista Luis Brunstein, quien fue director provincial de renegociación de concesiones y áreas revertidas en Tierra del Fuego. Según su reciente experiencia, las provincias quedan en una situación de inferioridad para renegociar un contrato con una multinacional, “la cual aprovecha su poderío económico en detrimento de los intereses provinciales y en muchos casos, nacionales”, sostuvo este especialista en diálogo con Página/12.

Brunstein ocupó el cargo de director de la comisión de renegociación entre enero y noviembre de 2011. Fue removido de ese cargo luego de formular algunas críticas sobre los procedimientos administrativos de dicha comisión, aunque sigue formando parte de ella. “Muchas veces las provincias se ven obligadas a cerrar un contrato sí o sí y para ello suelen otorgar incentivos que seducen al capital empresario, pero quizá no redunda en un beneficio para la provincia o la nación”, explicó a este diario Brunstein. En momentos en que la entidad que nuclea a las provincias petroleras (Ofephi) volvió a cobrar protagonismo, exigiéndoles a las compañías que operan en el país mayores inversiones, queda en evidencia la relevancia de discutir el rol que debería tener el Estado en la extracción de los recursos naturales.

En la reforma constitucional de 1994 se especificó que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Ya en 2003, Néstor Kirchner promulgó el decreto 546 que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. El Estado nacional sólo manejaría las concesiones vigentes hasta ese momento, hasta que fue sancionada la llamada “Ley Corta”. “Las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios”, se expresa en esa ley.

Muchas de las concesiones otorgadas durante la instauración de la etapa neoliberal en la Argentina –que coincidió con la privatización de YPF– están por caducar en los próximos años. Por eso cobra importancia la presión de los gobernadores y el reclamo de cumplimiento con la ley de hidrocarburos. “Las empresas extractivas deben ser analizadas como fondos de inversión con un componente de alta liquidez, lo cual expone a la provincia a riesgos importantes. Muchos de los dólares que se fueron del país desde este sector terminaron por dinamizar la ruleta financiera, en lugar de dirigirse a emprendimientos productivos”, explica Brunstein.

En este sentido, el ex director provincial de renegociación de concesiones en Tierra del Fuego sostiene que, en las condiciones actuales, “el Estado argentino podría optar por nacionalizar el sector de hidrocarburos y minero o, al menos, comenzar con una parte mientras profundiza la utilización del marco legal para obligar a las empresas concesionarias a cumplir con la ley o, caso contrario, perder sus concesiones, como ya ocurrió con otros sectores”.

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