Desde San Miguel de Tucumán

El debate quedó finalmente abierto. La desaparición de Marita Verón será juzgada. Fueron tres horas de deliberación las que se tomó el Tribunal de la Sala II, presidido por Alberto Piedrabuena, para definir si hacía lugar o no a los pedidos de nulidad que habían presentado los defensores de los 13 imputados como último recurso para frenar un juicio que lleva ocho años de demora desde que se cerró la causa, en 2004. No lo consiguieron. Ni siquiera la falta de notificación a uno de los defensores –expuesta por la querella como un efecto buscado por los representantes de los mellizos Gómez, dueños de los prostíbulos donde habría estado Verón– fue suficiente razón para alterar el curso de las audiencias. Ahora queda empezar a hilvanar los hechos, unir los fragmentos que aportará cada testimonio para reconstruir qué pasó con Marita, qué le hicieron, quiénes fueron los responsables, dónde está la joven que tenía 23 años cuando su familia la vio por última vez.

Se hicieron largas las tres horas de espera por la decisión del Tribunal. Fuera de la sala de audiencia, abogados defensores y querellantes hacían interpretaciones casi como apuestas; pasadas las dos primeras horas, ninguna de las partes podía aventurar cómo se iba a resolver esa discusión a puertas cerradas que evidentemente no estaba resultando fácil. Si el argumento de Roberto Flores, defensor –entre otros– de José Gonzalo Gómez, parecía fuerte porque al no haber recibido en tiempo y forma la notificación de la elevación a juicio de la causa no había podido apelar ni elaborar una estrategia, mucho más fuerte terminó siendo la exposición de la querella. De pie frente al Tribunal, Carlos Varela Alvarez habló con ánimo docente y en “castellano fácil”. Pero no se privó de la cita a Foucault como invitación a reflexionar sobre la “verdad jurídica” para terminar apoyándose en la tragedia griega. “Ulises se ató al mástil para no dejarse tentar por el canto de las sirenas; en un proceso judicial el juez es Ulises, sus manos están atadas por la letra de la ley. Y las sirenas son éstas”, dijo señalando a los defensores. Fue difícil para el público mantener el silencio frente al gesto; el grupo señalado se parece bien poco a las sirenas.

Varela describió, además, cómo a lo largo de la instrucción dos defensores se alternaron en la defensa de los hermanos Gómez, conocidos como “Chenga” y “Chenguita”, para generar confusión, aprovechando que los dos comparten uno de los nombres de pila. La estrategia hizo agua porque ellos mismos terminaron enredados y uno contestó una demanda civil cuando se suponía que no le correspondía. La exposición de Varela hizo que defensores y acusados empezaran a moverse nerviosos en sus sillas. Y hasta perdieron las formas cuando reclamaron a viva voz que “la querella no mire a mis defendidos”, como si lo que estaba sucediendo en la sala fuera una disputa entre púberes y no un juicio en el que podría demostrarse el funcionamiento de una red de trata.

Resueltas por la negativa las nulidades, se tomaron los datos filiatorios de todos los imputados. Nombre, apodo, domicilio, estado civil, actividad laboral, nivel de ingresos; cada uno de los trece contestó a estas preguntas sencillas con algunas coincidencias: todos dijeron ganar menos de dos mil pesos por mes y alegaron que la falta de ingresos era responsabilidad de las acusaciones “falsas” que pesaron sobre ellos. La única que se salió del guión fue María Jesús Riveros, acusada de ordenar el secuestro de Marita Verón: ella declaró un nivel económico acorde con su vestuario estrafalario –tacos propios de una pin-up de los ’50, minifalda y camisa fucsia–, pero se negó a hablar de su empresa de taxis Cinco Estrellas. Es que la propiedad de esa empresa la liga directamente con su ex pareja, Rubén Ale, quien fuera dirigente del club San Martín de Tucumán y persona de confianza de quien fuera gobernador de Tucumán cuando desapareció Marita, Julio Miranda. Ese hombre, a quien mencionan algunas de las mujeres rescatadas de los prostíbulos de La Rioja como el que las evaluaba para decidir el destino al que las venderían, no está entre los acusados; logró ser sobreseído en 2004, cuando todavía conservaba una cuota de poder. Ahora es uno de los blancos de la querella que espera que este juicio, aun con los cinco meses que se espera que dure, sea sólo el principio de una acusación mayor que llegue a tocar los hilos del encubrimiento policial, judicial y de funcionarios ejecutivos.

Los imputados se abstuvieron de declarar, aun cuando algunas palabras se filtraron: hubo quien negó los cargos en su contra –Daniela Milheim, acusada de haber retenido a Marita en su casa antes de venderla a los prostíbulos de La Rioja regenteados por los Gómez y su madre, Hilda Medina–; hubo quien relató que se hizo adicto a la cocaína después de “todo lo que me hicieron por esta causa” (José Gonzalo Gómez) y quien aseguró que siempre fue ama de casa (Azucena Márquez). Pero enseguida se leyeron las indagatorias que se les tomaron a tres de los imputados inmediatamente después, entre ellas la de Gonzalo Gómez y la de Márquez. Se parecían poco a la imagen que querían dar ahora de sí mismos. En su momento, tanto Márquez como Gómez relataron el funcionamiento de los prostíbulos Candy, Candilejas y El Destino; aunque, claro, los nombraron como “whiskerías”, donde las chicas que pasaban por ahí sólo “compartían copas con los clientes”.

El próximo martes, cuando se reanuden las audiencias, se leerán las diez indagatorias que quedaron pendientes y después se escuchará el testimonio de Susana Trimarco, la historia de su búsqueda y de las mujeres que rescató de la trata en su camino. Lo que pasó con Marita empezará a develarse entonces.