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El Grupo Clarín ha conseguido, una vez más, “ganar tiempo” en su resistencia contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lo obliga a desprenderse de una parte de su gigantesco emporio mediático. Esta afirmación bien podría ser usada para ratificar la condición de “propalador de los mensajes gubernamentales” adjudicada a un conjunto de periodistas y funcionarios –que incluye a este comentarista– por los abogados del multimedios en una reciente denuncia penal oportunamente retirada después del abrumador repudio social que recogiera. Pero no es así. No es este comentario el primero en poner de relieve la estrategia político-jurídica adoptada por el Grupo. En el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo, que marcara el 7 de diciembre de este año como el final de la vigencia de la medida cautelar que le permitiera al oligopolio postergar tres años la aplicación de la ley, se dice textualmente: “... no es posible tolerar que, a partir de la obtención de tales medidas (las cautelares) –que pueden en ocasiones agotar o suplir el contenido de la pretensión principal–, una de las partes pueda desentenderse de la marcha del proceso principal o prolongar artificialmente su duración, ya que ello constituye un supuesto de ejercicio contrario a los fines que la ley tuvo en miras al reconocer este tipo de medidas”. El juicio corresponde en particular, según el argumento de la Corte, al año transcurrido entre la solicitud de la cautelar por parte del Grupo y la notificación de la demanda de fondo. Lo dijo la Corte: el Grupo Clarín quiere ganar tiempo.

En este caso, el modo de ganar tiempo incluye un fallo bochornoso de la Cámara Civil y Comercial que se burla de la doctrina establecida por la Corte y se interna en una materia que no había sido puesta a su consideración, al afirmar que el Grupo dispondría de un año para adecuarse a la ley después de un eventual fallo en contra de su demanda de inconstitucionalidad. Más no le podía pedir el Grupo.

La estrategia jurídica de Magnetto tiene, como se ve, poderosos resortes judiciales. Tan poderosos e incondicionales que alcanzan para restar toda consideración a la denuncia presentada por el Gobierno contra el juez De las Carreras por presuntas dádivas recibidas del Grupo; una denuncia cuyos fundamentos alcanzaron para la excusación voluntaria del juez Recondo del caso, pero ni siquiera fueron tenidos en cuenta para analizar el pedido de recusación del mencionado camarista. En la retórica de los órganos del multimedios, desgraciadamente adoptada por un numeroso conjunto de jueces, la participación de magistrados en congresos auspiciados por poderosas empresas periodísticas de la región son un ejercicio de la independencia judicial, mientras que la denuncia de que esa participación cuestiona la imparcialidad de un juez en una causa que afecta a una de esas empresas constituye una “presión sobre la justicia”.

Pero es posible que la estrategia judicial del Grupo y los poderosos puntos de apoyo con que cuenta en el Poder Judicial no sean el aspecto más interesante de la cuestión. Lo que acaso merezca ser situado en el centro del análisis es el lado político de la estrategia. Porque la pregunta más importante cuando alguien “gana tiempo” es para qué lo gana y cómo lo utiliza. La estrategia, oportunamente advertida por la Corte, nace incluso antes de la aprobación de la ley en cuestión. Más precisamente cuando ésta se estaba discutiendo en el Congreso. Y se expresó en un fallido pedido de medida cautelar, a propósito de supuestas irregularidades de procedimiento en su discusión en la Cámara de Diputados. Como al pasar, puede decirse que el episodio revela la abrumadora articulación entre las chicanas de algunos diputados opositores y el contenido de la demanda: el Grupo llevó a la Justicia las impugnaciones que una minoría de diputados presentaron en la Cámara. El resultado no podía ser sino el rechazo de una medida que hubiera significado una grosera interferencia del Poder Judicial sobre el Legislativo.

El pedido de cautelar finalmente aceptado se refiere a la ley ya aprobada y promulgada y está fechado en diciembre de 2009. La estrategia cautelar del Grupo Clarín está claramente enmarcada en un momento político concreto. Recordemos: en junio de ese año, o sea seis meses antes, el Gobierno había sufrido una fuerte sangría de votos en las elecciones legislativas de medio término. El clima que se respiraba –fuertemente impulsado, claro está, por los medios de prensa dominantes– era el del irreversible ocaso de la experiencia kirchnerista. Según las plumas emblemáticas del establishment, el país tenía que prepararse para el “poskirchnerismo”. Solamente cabía la duda sobre si el epitafio para esa experiencia lo redactaría el hemisferio opositor o el peronismo finalmente desembarazado del malentendido provocado por la hecatombe de fines de 2001. Pocos días después de habilitada la medida cautelar, el país político se estremecía con el autoacuartelamiento de Martín Redrado en el Banco Central contra la decisión gubernamental de utilizar reservas para el pago de vencimientos de la deuda pública. En ese mismo período una heterogénea y poco consistente coalición parlamentaria opositora se había repartido direcciones y mayorías en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados preanunciando un sistemático bloqueo al Gobierno en el Congreso. Si se quiere comprender a fondo lo que significaba en ese momento la estrategia de “ganar tiempo” denunciada por la Corte, no tiene más que revisitar las columnas de los periodistas más connotados del diario Clarín y de su socio en Papel Prensa, La Nación. La “ley de medios” caería, según esas miradas, bajo el insoportable peso de una crisis política terminal de la experiencia kirchnerista.

Los nueve meses siguientes corresponden a la larga siesta de la demanda de fondo del Grupo contra la ley. Recién en noviembre de 2010, esa demanda es notificada a la contraparte estatal: a esa altura ya podía dudarse de la inevitabilidad del derrumbe del Gobierno y la caída de la ley como su efecto inevitable. El abuso empresario-judicial en la utilización del recurso cautelar permitió al Grupo seguir ganando tiempo, aun en condiciones políticas progresivamente transformadas. El Gobierno empieza a recuperar sustento social después de la mencionada crisis del Banco Central y al calor de medidas de gran repercusión popular como la asignación universal por hijo. La muerte de Néstor Kirchner acentúa intensamente esa tendencia que no se invertiría en los meses que faltaban para la elección presidencial.

A pesar del marcado giro de la situación política, el Grupo Clarín no modificó su estrategia político-jurídica. Después del contundente fracaso electoral de una oposición casi absolutamente atada a esa estrategia, las hostilidades se intensificaron aún más. Se trataba de que, mientras la medida cautelar congelaba el tiempo jurídico, el clima político volviera a descomponerse. Un rápido repaso por la línea editorial de la prensa dominante durante los últimos meses permite detectar claramente su articulación dentro de esa estrategia. No se trata, claro está, de recaer en una lectura conspirativa de todos los episodios que la política argentina vivió en este período. Pero el modo en que los grupos mediáticos concentrados tratan de convertir cada episodio conflictivo en una herramienta para la intoxicación de la atmósfera política desautoriza plenariamente la pretensión de adjudicarles a los medios una inocente actitud de descripción independiente de la realidad. La estrategia no encontró límites ni siquiera en aquellas situaciones que de modo evidente involucraban el interés nacional: se amplificó la reacción británica contra las medidas nacionales y regionales favorables a la apertura del diálogo por la soberanía en Malvinas, tanto como se celebró el fallo de Griesa a favor de los fondos buitre y el default argentino cuya inminencia se mostraba como una de sus consecuencias. Cualquier desorden social, viniera de gendarmes o de líderes sindicales bruscamente cambiados de posición y de discurso, contó (y contará de modo inflexible) con el “desinteresado” apoyo de los oligopolios. Los cacerolazos son un éxito indudable de esa estrategia; no se convertirán fácilmente en un bloque político-electoral alternativo, pero sirven para aprovechar el tiempo que se gana.

La ya citada denuncia contra periodistas y funcionarios consistió, justamente, en la acusación de que esos “propaladores” trataban de adjudicar al Grupo Clarín todos los conflictos que enfrentaba el Gobierno. A pesar de la infinita torpeza de esa acción, puede detectarse en ella la huella de una obsesión: la de despejar todos los obstáculos a la estrategia desestabilizadora, incluidos los que se expresen a través de la opinión oral o escrita. Lo más grave no es que el Grupo gane tiempo. Tampoco –aunque su gravedad es inmensa– el apoyo judicial a ese objetivo. Lo más grave es cómo el Grupo y sus aliados del poder económico utilizan ese tiempo ganado.