“Esto es una persecución. Los acuerdos son legales, tuvieron la intervención de un fiscal y de un juez y permitieron que los usuarios dejaran de pagar de más por seguros y comisiones”, aseguró Sandra González, titular de Adecua, en diálogo con Página/12. La persecución, según sus palabras, sería del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con quien mantuvo un duro cruce en septiembre del año pasado en una audiencia del consejo asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de consumidores, en ese caso para evaluar el desempeño de Consumidores Libres, que comanda el ex diputado Héctor Polino.

Osvaldo Riopedre, mano derecha de González y abogado de Adecua, siguió la misma línea de razonamiento ante la consulta de este diario. Sostuvo que existe una intención de Moreno de expulsar a Adecua del registro nacional de entidades o de quitarle el permiso para operar como tal. Y defendió lo actuado por Adecua en los seis acuerdos con bancos y entidades financieras. “Lo primero que hay que aclarar es que Adecua no le pagó a los abogados, sino que lo hicieron las empresas demandadas, como es costumbre. Los montos de esos pagos están en relación con las causas”, indicó. “El resultado que se perseguía con los acuerdos era que los bancos dejaran de cobrar lo que venían cobrando de más. También que se les restituyera a los clientes ese dinero, con tres años de retroactivos. Lo importante es que a partir de estos convenios la gente pasó a pagar lo que corresponde”, indicó.

–¿Por qué Adecua aceptó que la devolución del dinero cobrado de más se hiciera en un plazo acotado de 60 días, en lugar de pedir que la reparación se efectuara de manera automática, como marca la ley? –preguntó Página/12.

González respondió: “Un acuerdo es una negociación. Los convenios involucraban mucha plata que los bancos estaban cobrando de manera indebida, y lo importante es que gracias a ellos ahora los bancos cobran lo que corresponde”.

En este punto, la mayoría de las asociaciones de usuarios consideran que los acuerdos son una herramienta valiosa, pero a condición de que la solución sea universal. También plantean que no pueden ser un salvoconducto para que bancos o empresas se libren de pagar indemnizaciones millonarias (ver aparte).

González advirtió que Adecua asumió la defensa de los consumidores que debió haber encarado el Estado antes que nadie. “El secretario de Comercio, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, el Banco Central y la Superintendencia de Seguros de la Nación estaban al tanto de estos juicios. No fue nada oculto. Es más, a partir de las acciones que encaró Adecua, la Superintendencia de Seguros dictó una resolución para ajustar los montos de los ‘seguros de vida saldo deudor’”, retrucó.

Riopedre agregó que los acuerdos no niegan la posibilidad de que los usuarios afectados inicien por su cuenta un juicio contra los bancos y financieras para exigir la devolución de lo que estuvo mal cobrado. Admitió que difícilmente consigan un abogado que los represente por montos tan bajos, pero insistió en que Adecua no hizo nada ilegal ni que coarte la libertad de los consumidores para hacer su propio reclamo. Lo que no pueden, aclaró, es exigir que se cumplan los mismos términos que el convenio de Adecua, porque los plazos están vencidos.

González y Riopedre también remarcaron que la mayoría de las asociaciones de consumidores llegan a acuerdos con las empresas demandadas, ya que lo que se busca es acelerar los tiempos. Por último, consideraron que el secretario de Comercio “persigue” a Adecua y le apuntaron al consejo asesor sobre la ética de las entidades. Dijeron que es poco representativo, que está conformado fuera de la ley y que lo integran entidades alineadas con Moreno.