La demanda penal por defraudación contra los dueños de la empresa Las Margaritas SA, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, y la madre, Leonor Barbero, incorporó nuevos elementos en el expediente que tramita en el juzgado de Alejandro Grippo. La investigación está centrada en determinar cuáles fueron los mecanismos financieros a través de los cuales el Grupo Etchevehere justificó la transferencia de una serie de inmuebles de una empresa del mismo grupo, SAER –propietaria de El Diario de Paraná– hacia otra compañía creada al solo fin de registrar dichas transacciones, llamada Construcciones del Paraná. El objetivo fue sacar de la sucesión inmuebles y así perjudicar a su hermana. El actor clave que surge del expediente es el financista Walter Grenón, quien habría aportado la estructura financiera de sus mutuales para registrar “ayudas económicas” hacia Construcciones del Paraná por 4,5 millones de pesos.

La hipótesis de los investigadores es que los mutuos –ayudas económicas– fueron firmados para darle a la operatoria un manto de legalidad, aunque en la práctica sólo quedaron registrados como un asiento contable, sin movimiento efectivo de dinero. Construcciones del Paraná no registra actividad comercial desde su creación, que coincide con la fecha en que fueron transferidos los inmuebles. En el expediente ya consta que parte de la capitalización de esa compañía se habría realizado con un crédito solicitado por Las Margaritas SA y retirado por sus accionistas “para concretar otros negocios”, tal cual reconocieron en el expediente los propios imputados.

La empresa SAER es propietaria de El Diario de Paraná, histórico periódico de la familia Etchevehere. En 2010, dos de los accionistas, el ex diputado nacional Arturo Roosevelt Etchevehere (UCR-Entre Ríos) y el ex magistrado Ivar Etchevehere decidieron vender sus acciones y solamente quedó en la empresa Leonor Barbero Marcial, viuda de Luis F. Etchevehere. Con ella, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego aumentaron su participación accionaria del 33 al 40 por ciento del diario, mientras que el restante 60 por ciento fue vendido al financista santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual.

A la nueva composición accionaria de SAER le siguió otra operación, que fue la transferencia de 15 inmuebles por 14 millones de pesos hacia empresas de los mismos accionistas en juego, Grenón y el Grupo Etchevehere. Es decir, ocurrió una autocompra de inmuebles. De esta manera, los imputados lograron quitar bienes de una sucesión. Sin embargo, el juzgado de Grippo está investigando otra cuestión: cómo la empresa Construcciones del Paraná logró justificar los recursos suficientes para registrar inmuebles por 4,5 millones de pesos, sin tener actividad comercial aparente.

En la publicación realizada el 12 de mayo, Página/12 informó que una parte de la capitalización de esta compañía habría salido de Las Margaritas SA. Su accionistas tomaron un préstamo del Banco Itau por 1.066.000 pesos que retiraron en sus cuentas personales “para invertirlos en otros negocios”, tal cual declararon ellos mismos. Los nuevos elementos aportados a la causa tienen que ver con los mutuos entregados por Grenón para que Construcciones del Paraná pudiera justificar la compra de cada uno de los inmuebles.

Según consta en el expediente, la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) le entregó ocho mutuos a Construcciones del Paraná, entre septiembre y octubre de 2012, cuando las actas de transferencia de esos inmuebles fueron firmadas en marzo de aquel año. Por esta mutual pasó Viviana Grenón y la secretaria se llamaba María Alicia Salva. Esta última también figura como empleada de Nexfin SA, otra de las compañías financieras de Walter Grenón. Entre esta financiera y Arroyo Ubajay, Grenón se autocompró siete inmuebles de SAER por 10,8 millones de pesos.

En los mutuos entregados a la Justicia figuran como presidente de AMUS Miguel Angel Casim y como tesorera, Marcela Fabiana Walpen. Esto es lo que apareció en los papeles. Pero quien ofició de negociadora entre los Etchevehere y Grenón para la confección de los mutuos fue Sandra Renón, directora de la empresa Nexfin. Y del lado de Las Margaritas SA, el negociador fue Guillermo Budassoff, contador de los imputados, y Esteban Vitor, síndico de la empresa, apoderado de Luis Miguel Etchevehere y vicepresidente del PRO en la provincia de Entre Ríos.

Las asociaciones mutuales de estas características prestan dinero bajo el concepto de “ayudas económicas” enfocados en sectores vulnerables a los que les cobran elevadísimas tasas de interés. Pero siempre por montos pequeños. La sospecha de los investigadores surgió cuando fueron incorporados al expediente una serie de mutuos –uno por cada inmueble autocomprado– por valores que no se mueven generalmente a través de las mutuales.

El total de dinero solicitado y entregado a Construcciones del Paraná, empresa del Grupo Etchevehere, ascendió a 4.495.849 pesos con el supuesto compromiso de devolver ese capital más intereses en un solo pago en efectivo, algunos en 2012 y otros en 2015, por un total de 6.028.337. La diferencia entre el capital y los intereses es de 1.532.488 pesos.

Para que el sistema de financiación no llamara tanto la atención, fueron confeccionados otros mutuos por un valor similar, correspondiente a cada uno de los inmuebles, pero financiados con tasas del 20 por ciento a pagar semestralmente, en 12 cuotas. Estos documentos también fueron incorporados en el expediente. La querella sostiene que los mutuos solamente fueron utilizados para justificar asientos contables, mientras que Grenón habría cobrado parte de los intereses como retribución “por sus servicios prestados”. Las comunicaciones entre los Etchevehere y Grenón darían cuenta de que los mutuos fueron armados para justificar la transferencia de cada uno de los inmuebles.

El Grupo Etchevehere también le habría jugado una mala pasada al propio Grenón. Al momento de firmar las actas de transferencia de los inmuebles, quitaron del acuerdo dos bienes destinados a Grenón, con el argumento de que ya habían sido transferidos en 2006 hacia otra empresa del grupo, Los Vascos Propiedades SA. Pero, según las pruebas aportadas por la querella, esa transacción realizada pudo concretarse a partir de la falsificación de firmas, según determinó el perito en documentología Angel Iturria, registro nacional 3068/89.