Los Eurobond holders solicitaron al juez Thomas Griesa precisar si las cajas de valores están habilitadas a suministrarle al país información sobre los propietarios de los títulos si Argentina así lo requiere. Los fondos de inversión que poseen bonos de deuda externa regida por ley inglesa le reclamaron al magistrado precisar el alcance de sus órdenes para permitir que, como parte de un hipotético acuerdo con los fondos buitre, la Argentina le reclame a la mayoría del 92,4 por ciento de sus acreedores el visto bueno para suspender la vigencia de la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (Rights Upon Future Offers, RUFO). Este ítem, incluido en la reestructuración de 2005 y su reapertura en 2010, impone el derecho a reclamar iguales condiciones en caso de una mejora de las mismas a quienes no participaron del canje. Esta cláusula vence el 31 de diciembre próximo.

La cláusula RUFO tiene como disparador la realización de una oferta voluntaria a bonistas que no participaron del canje. El Gobierno argumenta que cumplir al pie de la letra las órdenes de Griesa es imposible, ya que las condiciones recibidas por los buitres serían reclamadas en el mediano plazo por el resto de los acreedores, disparando juicios por un piso de 150 mil millones de dólares. Es por eso que Argentina reclama una solución que le asegure no quedar sometida al riesgo de futuras demandas.

La posibilidad de que un pago antes del 31 de diciembre sea considerado por algún bonista como una violación de la cláusula RUFO está latente. Pero, de acuerdo con el contrato, para llevar adelante un juicio no por falta de pago sino por violación de esa cláusula, debería ser hecho en grupo --al menos, el 25 por ciento del capital-- y a través del Bank of New York. Esos reclamos, se explicó, no pueden canalizarse individualmente.