El juez Thomas Griesa ratificó ayer su orden al Bank of New York Mellon (BoNY) de mantener retenidos los fondos que depositó Argentina el 26 de junio pasado para cubrir un vencimiento de deuda. La aclaración del magistrado fue en respuesta a un escrito presentado ayer mismo por el BoNY, donde solicitó un amparo legal frente al avance judicial que preparan bonistas europeos contra ese ente fiduciario por incumplimiento de su deber de trasferir el dinero (ver página 11). “No podrá realizar ni permitir ninguna transferencia de los fondos a menos que eso le sea ordenado”, sostuvo el juez de Manhattan al banco, a quien le quitó toda responsabilidad legal ante las decisiones que tome su tribunal.

El gobierno argentino depositó fondos equivalentes a más de mil millones de dólares en concepto de intereses de bonos Discount, producto de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Este dinero fue trabado por el juez Griesa de inmediato, aunque fue liberando paulatinamente series correspondientes a legislación argentina a cargo del Citibank, JP Morgan, Euroclear y Clearstream, tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, todavía mantiene congelados 539 millones de dólares de las emisiones con legislación estadounidense y europea, con el objetivo de forzar al país a sentarse a negociar con los fondos buitre. Tanto Argentina como los tenedores de los bonos canjeados ya advirtieron que se reservan la posibilidad de recurrir a los tribunales en Estados Unidos o el extranjero para denunciar al banco.

Esta situación ameritó un duro cruce entre tenedores de bonos argentinos nominados en moneda y bajo legislación del Viejo Continente y las autoridades del BoNY por el acceso de los fondos depositados por el Estado el 26 de junio. Los denominados Euro Bondholders solicitaron a Griesa que ordene la liberalización de los fondos con legislación europea sobre los que su tribunal no tiene competencia. También apuntaron contra el BoNY por incumplimiento de su función de agente fiduciario y advirtieron que la Corte distrital de Manhattan no está en condiciones de exonerar al banco de responsabilidad ante reclamos en tribunales extranjeros. Ante la posibilidad de verse acorralado por una inminente ola de demandas, el BoNY pidió auxilio a Griesa, colocándose al amparo de esa jurisdicción.

La respuesta a esa carta fue inmediata: “El BoNY debe retener los fondos en sus cuentas en el Banco Central de la República Argentina esperando una nueva orden de este tribunal, y no debe hacer o permitir ninguna transferencia, salvo que sea ordenada por esta Corte”, sostiene la orden de Griesa. Sin respuesta a los cuestionamientos por haberse excedido en la jurisdicción de su orden, reiteró el congelamiento. Durante la jornada, el Gobierno difundió una nota a los tenedores reestructurados, en la que remarca “el derecho absoluto e incondicional de los bonistas al cobro de los montos depositados, siendo ese patrimonio propiedad exclusiva de los bonistas”.

Al igual que los bonistas que no pudieron cobrar el servicio de deuda de junio último, el Gobierno accionará contra el BoNY –y el Citibank Argentina– por incumplimiento de las obligaciones del fideicomiso, lo que motivó también el pedido de respaldo del BoNY a Griesa. “Argentina no dará pasos para interferir en la retención de los fondos. El BoNY no tiene responsabilidad bajo el contrato que gobierna los bonos canjeados u otra persona o entidad por obedecer la orden”, agrega al escrito de Griesa, que busca inmunizar con su omnipotencia a la entidad. El magistrado intenta sostener así la presión sobre las autoridades argentinas para que se sienten a negociar con los fondos buitre, mientras al mismo tiempo busca amparar al BoNY de probables juicios.