El Programa Verdad y Justicia (Ministerio de Justicia) y el área que se ocupaba de los requerimientos a las fuerzas de seguridad en los casos judiciales vinculados a delitos de lesa humanidad (Ministerio de Seguridad), resultaron virtualmente desmantelados. Estos son los testimonios de algunos de los desplazados.

- Programa Verdad y Justicia (Ministerio de Justicia): Una abogada del Programa trabajaba en Salta en el acompañamiento de las víctimas del juicio contra Marcos Levín, antiguo dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, un caso de complicidad empresarial con la dictadura militar. Entre los 10 despedidos en el Programa estaba esta abogada, con lo cual en los hechos la presencia del Poder Ejecutivo en el juicio dio por tierra. “¿Ñoquis? Para nada. Estos despidos representan problemas concretos para el desarrollo de los juicios de lesa humanidad”, contó Romina, trabajadora del Programa Verdad y Justicia.

- Dirección Nacional de Derechos Humanos (Ministerio de Seguridad): Natalia D’Alessandro es abogada, comenzó a trabajar en la Dirección en 2011. La semana pasada, cuando fue a trabajar, intentó ingresar a su cuenta de mail pero estaba deshabilitada. Trece de los 33 trabajadores de la Dirección fueron echados por teléfono, luego de que llamaran a Recursos Humanos para preguntar qué pasaba. “Despedido” o “no despedido”, contestaba el empleado de Recursos Humanos ante cada consulta de Natalia por sus compañeros. En ningún momento le dieron una explicación. Natalia se ocupaba de que los requerimientos de la Justicia a las fuerzas de seguridad en delitos de lesa humanidad recibieran una respuesta sólida y completa. Si las fuerzas respondían vagamente a la Justicia, Natalia devolvía el expediente a las fuerzas para que lo hagan adecuadamente. También trabajaba en la coordinación de los allanamientos para obtener las muestras de ADN en relación a casos de nietos apropiados. Entre los despedidos hay trabajadores que ingresaron en 2011, 2013, 2014 y 2015 a la Dirección. Como en el Ministerio de Seguridad hay control de acceso biométrico, cualquier mínima investigación hubiera permitido saber si el trabajador asistió o no a su lugar de trabajo y en qué horario lo hizo. Tampoco tuvo que ver con una cuestión de militancia, porque varios de los despedidos no tenían actividad política ni siquiera en Facebook. También desvincularon a los profesionales que trabajaron en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga. El rumor es que, en marzo, la Dirección se va a cerrar. “Lo que cambió es el paradigma. Para darle autonomía a las fuerzas policiales y militares, como están haciendo, no necesitan personal civil que los controle. Es la militarización versus la seguridad democrática”, explicó a este diario Natalia D’Alessandro. En el Ministerio de Seguridad se habla de que los despidos van a llegar a un total de 400, lo que representa un tercio del personal de la cartera.