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Por más claros que sean el FMI y Estados Unidos en negar un pronto paquete de ayuda a la Argentina, el Gobierno acomoda toda su estrategia en función de ese acuerdo esquivo. El secretario de Finanzas, Lisandro Barry, reiteró ayer que “no existe un Plan B” para el caso de que fracasen las negociaciones con el organismo de crédito, y sostuvo que la reestructuración de la deuda empezará a discutirse sólo después de la firma de ese convenio. “La negociación con los acreedores comenzará entre 30 y 45 días después que el gobierno cierre un acuerdo con el FMI”, indicó el funcionario ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Barry concurrió a esa comisión a dar un informe sobre cuáles son los planes de Economía en relación a la deuda. Pero, según dijo, todavía no existen tales planes, dado que “primero tenemos que definir con el Fondo cuál será nuestro superávit primario (antes del pago de la deuda), y en función de ello, cuál será nuestra capacidad de repago”, aseguró.
El funcionario afirmó que en las condiciones actuales, el Estado no puede pagar “el 60 por ciento de la deuda”. “Si nosotros propusiéramos que vamos a pagar el 60 por ciento, hoy en día nadie nos creería”, reconoció. Pero se excusó de anticipar si habrá quita de capital e intereses, y eventualmente en qué proporción. Lo único que afirmó sin dudar es que el Gobierno “no aplicará ninguna quita a la deuda con los organismos internacionales de crédito”.
Por otra parte, Barry subrayó que el Gobierno no ofrecerá subsidios o seguro de cambio para las empresas endeudadas con el exterior. “El Estado no está en condiciones de afrontar ese costo”, afirmó. Sin embargo, Remes Lenicov decía lo mismo antes de la pesificación de las deudas empresarias. Esa medida le costó al Estado “14 mil millones de pesos”, de acuerdo a la estimación de Barry. Varios diputados le cuestionaron ese cálculo, ya que el Estado entregará bonos a los bancos por 9 mil millones de dólares y 1000 millones de pesos, lo que eleva muchísimo más el costo de la licuación de pasivos del sector privado.