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Por Alejandro Peyrou

Hace 20 años, el entonces ministro de Economía, Dagnino Pastore, y el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, dictaban una serie de medidas que permitieron que el Estado nacional se hiciera cargo de la deuda privada de las principales empresas argentinas, vía el otorgamiento de un seguro de cambio. Dos años después, el directorio de BCRA, presidido por Enrique García Vázquez, consideró que no era lo mismo otorgar ese seguro a empresas que adeudaban efectivamente créditos del exterior que dárselo a las que se habían autoprestado el dinero, contando con depósitos equivalentes en el exterior que servían de aval de esas operaciones. El directorio del BCRA se propuso, así, identificar a las empresas que estuvieran en esa situación y negarles el seguro de cambio.
La correspondiente comunicación del Directorio del 5.7.84 decía: “1. Que no sería considerada deuda externa toda operación en que el acreedor externo indicado por la empresa no confirmase su condición de tal o la negase. 2. Cuando apareciera confusión de la calidad de deudor o acreedor, parcial o total, directa o indirecta, en una misma persona a través de indicios graves, precisos y concordantes, o cualquier otro método de prueba. 3. Cuando la operación hubiese sido realizada fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas”.
Aquella historia es muy actual: resulta difícil justificar la pesificación uno a uno de créditos en dólares, sin tratar –como mínimo– de averiguar si no están garantizados en el exterior con depósitos del mismo propietario. Si así fuere, habría un enorme enriquecimiento sin causa y nuevamente a cargo de fondos públicos. ¿Cuál es la probabilidad de que ello esté pasando? El presidente del Banco de Galicia y ABA manifestó, días pasados, en una solicitada: “El... llamado back-to-back era un procedimiento por el cual se otorgaban créditos sobre fondos prendados en el exterior o se concedían créditos en el exterior con garantía de fondos también depositados allí, algo que estaba legalmente reglamentado y era un procedimiento corriente para la mayor parte de las entidades instaladas en el país...”.
La información histórica citada permitiría, en primer lugar, mejorar el uso de fondos públicos al utilizar una regulación como la mencionada disposición del BCRA, evitando favorecer a quienes no corresponde. En segundo lugar demuestra que el viejo deporte nacional de socializar pérdidas, aun en momentos de angustia y crisis social como los actuales, puede impedirse si hay vocación para ello.