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El Fondo Monetario no figura en el esquema de la división de poderes que establece la letra de la Constitucional nacional. Sin embargo, al reclamar la aprobación de leyes o decretos “llave en mano” a los gobiernos de turno ha desempeñado un rol propio del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, a su vez, ha rendido, en los hechos, “obediencia debida” al Ejecutivo y, por carácter transitivo, al Fondo.
Sin embargo, esa “obediencia debida” no fue gratuita. Dejando de lado los supuestos sobornos pagados a senadores para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, el esquema de negociación política con el Congreso ideado por el menemismo, y adoptado por sus sucesores, se basó en el reparto de subsidios monetarios o en especies para provincias y municipios de donde son oriundos los legisladores. El ex ministro del Interior Carlos Corach fue quien mejoró “administró” ese esquema de disciplinamiento político echando mano de la oscura caja de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Sólo así puede entenderse que se hayan votado tantas leyes que, en muchos casos, forzaban al ajuste en el interior del país y conllevaban un altísimo costo político.
Pero Corach hizo escuela. En las últimas semanas quedó en evidencia que la administración Kirchner también utiliza el mecanismo de transferencias o asistencias financieras a las provincias para disciplinar a gobernadores y legisladores. Por lo pronto, como informó Página/12, el rápido alineamiento de José Manuel De la Sota y Jorge Obeid con el proyecto oficial de coparticipación respondió a las transferencias prometidas desde la Rosada para cubrir los baches presupuestarios de Córdoba y Santa Fe, respectivamente.