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La Legislatura porteña tratará hoy un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio del barrio Parque Avellaneda donde hace años funcionó el bar La Alameda y en el que un grupo de vecinos desarrolla tareas sociales, entre ellas un comedor popular. El proyecto, que cuenta con el aval de diputados de distinto signo ideológico, propone que el lugar pase a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Social porteña y sea cedido en comodato a la asamblea barrial. Además, sostiene que no debe pagarse por la expropiación más que lo que abonó el actual propietario, unos 90 mil pesos, lo que es considerado por algunos legisladores como un “precio vil”. El proyecto de expropiación parecía condenado al fracaso hasta hace una semana, pero fue reactivado después del violento operativo de desalojo del local, que protagonizó hace una semana la Infantería de la Policía Federal.
La Alameda, ubicada en la esquina de la avenida Directorio y Lacarra, frente al Parque Avellaneda, era un lugar abandonado desde el cierre del bar, que funcionó hasta 1998. Estuvo así hasta el 8 de junio de 2002, cuando un grupo de asambleístas del barrio decidió “recuperar” el lugar: lo limpiaron y refaccionaron, rehabilitaron la cocina y comenzó a funcionar allí un comedor popular y un merendero, donde asisten diariamente decenas de vecinos de condición humilde, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad boliviana. Luego empezaron a funcionar una serie de microemprendimientos de la Cooperativa 20 de Diciembre, integrada por los asambleístas. Además se realizan talleres gratuitos y clases de apoyo escolar.
Hoy, el lugar es reivindicado por el empresario Mauricio Demarco y por su abogado Eloy Enrique Ceijas. El letrado, verdadero artífice de la operación, sostiene que la compra se hizo antes de la ocupación. Pero según el Registro de la Propiedad Inmueble, Demarco concretó la compra del 85,5 por ciento de la propiedad el 10 de abril de 2003, cuando el comedor popular estaba en pleno funcionamiento y era claro que el lugar ya se había convertido en centro de un conflicto judicial. La operación, según consta en el expediente –al que accedió este diario–, se hizo por un total de 90.000 pesos.
Para los asambleístas, “se trata de una maniobra habitual de la (denominada) Liga de Rematadores”. Ayer, apoyados por Fedecámaras, los vecinos organizaron una protesta en Perón y Libertad, frente al Colegio de Martilleros de la Capital Federal, en rechazo a este tipo de operaciones. La demanda por desalojo iniciada por Demarco siguió adelante, pese a que en la Legislatura existía un proyecto firmado por 20 legisladores de distintos bloques para expropiar el local. Justo cuando el proyecto fue cajoneado por los diputados, la policía intentó el desalojo, a fuerza de gases y bastonazos, el pasado miércoles 16. Pero no lo consiguió. Paradójicamente, la represión policial reactivó el proyecto legislativo: en la sesión de la semana pasada los diputados porteños le dieron preferencia a la iniciativa que se trata hoy.
“Lo que detectamos es que hubo una compra del local a precio vil, por estar ocupado. Por eso, la ciudad no debe pagar por la expropiación más de lo que pagó el comprador en esa operación”, dijo a Página/12 el diputado Fernando Melillo (ARI), uno de los impulsores del proyecto, para quien la propiedad vale al menos el triple de lo que se pagó. La iniciativa propone que, después de la expropiación, se entregue el local en comodato a la cooperativa por un año, prorrogable por otro, tras lo cual el local quedará en poder de la Secretaría de Desarrollo Social porteña.
Para el diputado Roy Cortina (socialista), otro de los impulsores, “el proyecto ha permitido lograr un consenso transversal entre distintos bloques, que privilegia la utilidad pública de un bien al derecho a una propiedad privada que fue adquirida a un precio vil”. El proyecto nació con la firma de veinte diputados de distintos bloques, desde Autodeterminación y Libertad hasta algunos legisladores del macrismo. Para ser ley debería obtener el respaldo de la mitad de los diputados presentes en la sesión de hoy.
La Legislatura porteña lleva aprobada, en los dos últimos años, casi una decena de expropiaciones de plantas de empresas recuperadas. Lo que divide al cuerpo en este caso es que no se trata de una fábrica sino de un comedor: hay diputados que no quieren crear un precedente que arrastre a otras organizaciones a ocupar espacios abandonados para conseguir la expropiación. A su favor, los asambleístas de Parque Avellaneda computan que, desde el inicio de su trabajo en La Alameda, se apoyaron en los planes sociales del gobierno porteño e, incluso, recibieron financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para tres proyectos del Plan Manos a la Obra.