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Lejos de la hipocresía característica cuando se trata de debatir la condición de ateo de un funcionario público o sobre el aborto, la candidata a integrar la Corte Suprema Carmen Argibay no dudó ayer en afirmar que “soy atea porque es la verdad, no creo en Dios y ésta no es una cuestión en la que se puede razonar, se cree o no se cree”. En cuanto a su tan comentada adhesión a la interrupción del embarazo, la magistrada señaló: “No soy abortista, no mando a nadie a abortar. Respeto las leyes vigentes aunque algunas no la comparta”. Argibay hizo estas afirmaciones durante la audiencia pública previa a su tratamiento en el recinto de la Cámara alta. Todo indica que el próximo 7 de julio se transformará en la segunda mujer que integrará la Corte.
Durante las casi tres horas que duró la audiencia, Argibay se mantuvo tranquila. Ni siquiera se inmutó cuando los militantes católicos allí presentes la abuchearon y mucho menos ante el ostensible desagrado que les provocaron algunas de sus afirmaciones a las senadoras ultrarreligiosas Liliana Negre (PJ San Luis) y Nancy Avelín (Cruzada Renovadora San Juan). Poco les importó a sus impugnadores que Argibay haya sufrido la prisión ilegal durante la dictadura militar, por lo cual fue indemnizada en 15 mil pesos como ella misma reveló.
En cambio, les preocupó la declaración jurada de Argibay, que cuestionaron por incompleta. La razón de esta falta, explicadas por la candidata y por el presidente de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma, se debió a una recomendación de las autoridades de la AFIP que creen conveniente no abundar en detalles debido a la inseguridad que se vive en el país. De todas formas, Argibay señaló que no paga impuestos a la Ganancias, sobre todo porque en sus cuentas bancarias en euros deposita el salario que le pagan las Naciones Unidas y no son honorarios.
Mientras Argibay respondía las 56 preguntas que la comisión había resumido a partir de las miles de impugnaciones similares, en la puerta del Congreso un grupo católico rezaba un rosario y rogaba porque “Dios ilumine a los senadores para legislen correctamente”. Algunos repartían volantes donde se preguntaban “¿Quiénes son los senadores que promueven a juezas abortistas? Recuerde sus nombres y partidos”. Adentro, en el Salón Azul, otro grupo poco numeroso de militantes católicos se mostró bastante bullicioso a la hora de rechazar las afirmaciones de Argibay cuando le preguntaron sobre el aborto y acerca de sus creencias religiosas.
Una vez que se superaron las preguntas formuladas por particulares y entidades civiles y religiosas, llegó el momento de los senadores. La más vehemente fue la puntana Negre, quien suele hacer gala de su condición de numeraria del Opus Dei. La legisladora quiso saber si Argibay considera que el feto es parte del cuerpo de la mujer o es una vida independiente y desde cuándo. La jurista respondió desde un punto científico y no religioso como lo hizo la senadora. Sostuvo que ésa es una respuesta que la debe brindar la ciencia médica y aclaró que su opinión personal no interfiere con su “compromiso con la Constitución y las leyes”. Además, dijo que ello “no me impide tener opiniones personales” y destacó que siendo jueza siempre aplicó las leyes “aunque no fueran de mi agrado”. Precisó que “nunca he declarado la inconstitucionalidad (de la prohibición del aborto) porque no creo que se oponga a la Constitución”. Sin embargo, opinó que debiera haber “mayor información y mayor prevención para que no tuviéramos que llegar al aborto de nadie”.
Eduardo Menem se ocupó en determinar su condición de “atea militante”. La candidata indicó que “todos los que me conocen saben que nunca fui una activista en esas cosas”. Agregó que “jamás le impuse mi criterio a otra persona”, y si bien destacó que “respeto a los creyentes de cualquier religión y a los no ceyentes, soy atea porque es la verdad. Yo no creo enDios y ésta no es una cuestión en la que se puede razonar, se cree o no se cree”. Desde el fondo se escucharon algunas quejas y abucheos, nada que pueda hacer tambalear su condición de futura jueza de la Corte Suprema.