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La restitución del 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados sigue generando peleas en el Gobierno. Roberto Lavagna pretende imponer su idea de postergar la devolución hasta enero de 2003 y saldar la deuda con bonos, mientras Graciela Camaño le responde que es preciso, aunque sea, empezar a pagarles el sueldo completo a los jubilados con haberes de entre 500 y 800 pesos. La titular de la cartera laboral participó ayer de una reunión con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y con el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, para debatir el tema. Los funcionarios recibieron a una delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la continuidad de la ronda de consultas antes de tomar una decisión. Las discusiones seguramente obligarán a postergar una definición hasta la semana que viene.
Economía hizo trascender ayer que Eduardo Duhalde había aceptado las sugerencias del titular de esa cartera, lo que provocó un rápido movimiento de funcionarios del Ministerio de Trabajo para neutralizar esa “operación”. Lo cierto es que el Presidente todavía está lejos de resolver sobre el tema y que lo más probable es que las discusiones sigan, al menos, otra semana.
Cerca de Camaño remarcaron que “hay razones políticas y técnicas” para justificar un esfuerzo fiscal para restituir el 13 por ciento a los jubilados con ingresos de entre 500 y 800 pesos. La razón política es la necesidad de mejorar como sea la imagen del Gobierno. “Al final vamos a tener que pagar lo mismo, porque lo dispondrá la Justicia, sin sacar nada positivo de esta situación”, indicaron. La razón técnica es que hay 60 mil demandas de jubilados cerca de obtener fallos favorables, con un costo promedio para el Estado, considerando las costas, de 2000 pesos por demanda. Tras ello, se espera un aluvión de presentaciones judiciales de otros damnificados.
La delegación de ATE que concurrió ayer a la Casa Rosada reclamó que la devolución del 13 por ciento se disponga de inmediato, para todo el universo de jubilados y empleados públicos alcanzados por la medida. Los sindicalistas llevaron sus propios cálculos de cuánto le costaría esto al Estado. Son 160 millones de pesos mensuales, mientras que la última estimación oficial es de 180 millones. Juan González y Pablo Micheli, los delegados de ATE, no escucharon ninguna propuesta concreta sobre cómo se resolverá el tema.
Sarghini, por Economía, señaló que la intención es pagar la deuda con bonos, sin especificar las características que tendría ese título público, y que la restitución del 13 por ciento se hará a partir de enero de 2003. Con respecto a la deuda, los sindicalistas estarían dispuestos a aceptar que una parte se cancele en Lecop.