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”A pesar de que me habían dado la visa, cuando aterricé en los Estados Unidos me mantuvieron detenida por 11 horas y finalmente tuve que volver a Cuba, sin poder concretar la visita familiar”, dice a Página/12 Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, uno de los cinco presos cubanos detenidos en los Estados Unidos. El 16 y 17 de junio de 1998 el gobierno de Cuba le entregó al FBI una gran cantidad de documentación pública con evidencias sobre actividades terroristas planificadas por grupos anticastristas radicados en Miami. Casi tres meses después, el 12 de setiembre, en lugar de desactivar a estos grupos, las autoridades estadounidenses detuvieron a Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino. Los cinco admitieron que trabajaron en la recopilación de esa información pública. Para ellos fue el comienzo de un verdadero calvario. Primero los acusaron de espionaje. Con el correr del tiempo, a medida que la causa se fue politizando, los cargos se ampliaron. En diciembre del año pasado, un jurado de Miami les impuso penas que van desde los 15 años de prisión en el caso de René González, hasta dos cadenas perpetuas más 15 años adicionales en el caso de Gerardo Hernández.
Como parte de una campaña internacional que busca su liberación, la abogada Nuris Piñero Sierra y Adriana Pérez, esposa de Hernández, visitaron la Argentina. “El jurado intentó sentar en el banquillo al gobierno de Fidel Castro”, dice ante Página/12 la abogada cubana, que no duda en calificar al proceso como de un juicio político y a los detenidos como “presos políticos del Imperio”. Como pocos, el caso pone al desnudo lo hipócrita que suele ser el discurso antiterrorista de George W. Bush, dispuesto a tolerar, por conveniencia política, que algunos de esos grupos habiten en su propio territorio. Esto no es un obstáculo para que Bush haya repetido luego del atentado a las Torres Gemelas que “quienes albergan a un terrorista son tan culpables como el terrorista”.
–¿Le prohibieron visitar a su marido?
Adriana Pérez: –Formalmente tengo la posibilidad, pero en los hechos me negaron la visita a pesar de que me habían dado la visa. Cuando arribé me mantuvieron detenida en el aeropuerto durante unas 11 horas.
–¿Por qué la detuvieron?
AP: –La gente de inmigraciones me decía que ellos no tenían ningún problema conmigo, pero repetían que yo era un objetivo del FBI. Luego de varias entrevistas, el FBI me dijo que “no calificaba” para entrar al país. En una posterior nota diplomática respondieron que yo “resultaba un peligro para los Estados Unidos”. Se encargaron también de decir que “me iba voluntariamente del país”. Algo ilógico, ya que hacía cinco años que no veía a mi marido. Cinco años sin contacto físico. ¿Cómo iba a realizar ese viaje para irme sin más? De insistir en quedarme, me proponían llevarme ante un juez de inmigración, sin ninguna garantía. La posibilidad más cierta era quedar detenida en un centro, con la consecuente tortura psicológica para Gerardo. Si finalmente me deportaban, eso me impediría, en otra instancia, intentar un nuevo viaje.
–¿Los familiares de los restantes detenidos pudieron visitarlos?
AP: –La esposa de René recibió su visa y se la revocaron una semana después, alegando que era peligrosa para los Estados Unidos. A la esposa de Ramón le retuvieron su visa y se la dieron un día después del veredicto judicial. De esta manera buscan el debilitamiento de los cinco, que están en cárceles de máxima seguridad, separados entre sí, y esparcidos por distintos estados federales. Gerardo se encuentra en Lompoc-California, Ramón está en Texas, Fernando González en Wisconsin, René en Pennsylvania y Antonio en Colorado.
Nuris Piñero Sierra: –Con esta maniobra se está violando un reglamento de las Naciones Unidas sobre el trato de los detenidos y que data de los años ‘50. Esto no debemos dejarlo pasar por alto porque justamente Estados Unidos, como país signatario, tiene la obligación de cumplir con la resolución. Se están violando normas del derecho internacional.
–Para usted, se han violado enmiendas de la Constitución norteamericana. ¿Cuáles y de qué modo se violaron?
NPS: –Se viola la Quinta Enmienda que hace referencia al debido proceso; la Sexta, que dice que toda persona tiene derecho a un jurado imparcial y la Octava, que habla de que no se puede imponer condenas injustas, inhumanas y excesivas. No hubo debido proceso, toda la documentación que presentó la fiscalía fue clasificada como secreta y con esto se impidió a los abogados tener acceso a ella y trabajar junto a sus representados.
–¿Me está diciendo que no tuvieron acceso al expediente?
NPS: –El acceso estuvo muy limitado. Luego de muchas mociones de los defensores, se logró desclasificar el 15 por ciento de esa evidencia. A esta altura hay documentos que están en poder de la Corte y que no han podido ser vistos por los defensores, ni por las personas acusadas. Esto además de la manipulación del proceso. Como en todo proceso criminal, hay que partir de la presunción de inocencia. La responsabilidad de la carga de la prueba no la tiene la defensa. Hasta los expertos que sentó la fiscalía dijeron que no había ni una sola hoja de papel de los que ellos pudieron tener a la vista que pudiera considerarse como documentación clasificada, o que pudiera poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Estos jóvenes lo que hicieron fue obtener información pública de las organizaciones de la derecha del exilio cubano radicadas en Miami. Organizaciones que impulsaban actos terroristas en Cuba. Muchas personas e instalaciones de los Estados Unidos también fueron víctimas de esos terroristas. Gracias al trabajo de estos jóvenes, el gobierno norteamericano se benefició con la información sobre las actividades de estos grupos. De toda la vigilancia previa que el FBI les realizó a estos jóvenes no se pudo reportar ninguna acción que pusiera en peligro la seguridad de los Estados Unidos.
–¿Por qué dice que se intentó sentar a Fidel Castro en el banquillo de los acusados?
NPS: –Creo que el jurado llegó ahí, o lo llevaron hasta allí, por el prejuicio de la comunidad de Miami, en la que ellos viven, trabajan y realizan sus actividades. El temor a las represalias que pueda tomar su jefe, lo que pueda hacer su vecino o lo que pueda pasar en la escuela con el maestro de sus hijos, son situaciones que hacen que las personas no actúen como deben. Hay momentos en los que el miedo es insuperable. Ahora tienen una deuda con su conciencia porque declararon culpables a cinco inocentes. El sistema judicial norteamericano se define por la jurisprudencia y ellos tenían constancia de muchos casos en los que se habían cambiado las sedes por mucho menos hostilidad que ésta. Todas las pruebas de inocencia que se presentaron no sirvieron para nada. La jueza dijo que garantizaba un juicio justo en esa comunidad. Además dijo que el proceso sería más interesante que un programa de televisión. A pesar de que tuvo la posibilidad de cambiar la sede del proceso, no lo hizo.
–¿Califica de irregular el comportamiento de la jueza?
NPS: –En diciembre, cuando impuso las condenas, señaló que los actos terroristas tenían que ser censurados y castigados y que no se podía permitir que ocurrieran en ningún lugar en el mundo, pero que eso no justificaba la conducta de estos hombres. ¿Quién entiende entonces el pensamiento y el discurso de estas autoridades del derecho? Se supone que cuando se está haciendo justicia debe garantizarse la equidad. Una bombaafecta por igual a un chino, a un norteamericano o a un cubano, son actos que van contra la vida, contra la integridad de los seres humanos.