”Más de la mitad de los congresistas colombianos tiene vínculos con los grupos paramilitares o guerrilleros.” La bomba la tiró ayer el líder paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso desde la cárcel, mientras en las calles, los cafés y los despachos oficiales todo el mundo discutía los últimos detalles de la detención hollywoodense del ex presidente del Congreso y primo de Alvaro Uribe en la embajada de Costa Rica en Bogotá, la noche anterior. En Colombia ayer se vivía la antesala de una posible crisis política. La lluvia de denuncias y detenciones que se suceden semana a semana, que ya llevan 33 legisladores tras las rejas y 64 investigados, obligó al mandatario colombiano a romper el silencio. “Vamos a escuchar a la gente a ver qué salidas proponen. No hay que dar saltos a la incertidumbre que puedan desbaratar lo que ha hecho este gobierno hasta ahora”, aseguró en entrevista a Radio Caracol.

Con ese compromiso vago, Uribe evitó rechazar de plano la convocatoria de una asamblea constituyente, una propuesta presentada la semana pasada por la izquierda para “refundar el desprestigado Congreso”, según palabras del presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria. Sin embargo, el mandatario dejó poco lugar para las ambiciones de la oposición. “No soy amigo de los cambios a la Constitución a toda hora”, dijo al principio en la entrevista. Veinte minutos después y sin pensar tanto sus palabras, el mandatario fue aún más claro. “En Colombia existe la bendita manía de pensar que todo se arregla con reformas constitucionales. Es un error”, aseguró, el mismo hombre que en 2005 llamó al país a “modernizar” la Carta Magna. Esa reforma le abrió el camino a la reelección presidencial en 2006.

Hoy Uribe piensa distinto y, por eso, propuso salir de la crisis con una “reforma política”, que consta principalmente –y muy probablemente, únicamente– en sancionar a los partidos, cuyos legisladores sean condenados por sus nexos con los paramilitares, las guerrillas u otros grupos por fuera de la ley. En vez de reemplazarlos por el siguiente candidato de la lista sábana, como sucede ahora, el uribismo propone dejar la banca vacía. El gobierno colombiano tuvo que presentar esta “reforma” después de que varios de los legisladores suplentes fueran condenados por los mismos vínculos con los paramilitares que les habían comprobado a sus antecesores. Colombia Democrática, el partido del primo del presidente, Mario Uribe, ganó tres bancas en el Senado en 2006, pero ya lleva cuatro senadores detenidos.

Dentro del mismo uribismo reconocen que todavía no han tocado fondo. “Todo está mal y es susceptible de empeorar”, señaló ayer al diario español El País el senador oficialista Armando Benedetti, uno de los pocos que por ahora ha evitado las sospechas de la Corte Suprema. Esta semana el gobierno sumó un nuevo escándalo después de que los medios colombianos difundieran un video en el que una ex legisladora oficialista cuenta cómo el presidente Uribe le habría ofrecido cargos públicos a cambio de su voto para aprobar la reforma constitucional de 2006.

Ayer, cansado de la racha de sorpresas mediáticas que golpean a su gobierno, sus aliados y su familia, el mandatario salió a atajarse. Sin que el periodista le preguntara, Uribe aseguró que un ex jefe paramilitar lo está denunciando ante la Justicia por ayudar a planear una masacre de campesinos en 1997, cuando ejercía como gobernador de Antioquía, uno de los departamentos que fue cuna del paramilitarismo y sede de su apogeo. “Ese bandido dice que yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío, y que Santiago, mi hermano, prestó 20 paramilitares para ese crimen”, dijo y ya no disimulaba su enojo.

Según publicó ayer Radio Caracol en su página web, el denunciante sería Francisco Villalba, un paramilitar que se desmovilizó en 1998, cuatro años antes de la asunción de Uribe, y cumple actualmente dos condenas por masacres contra campesinos en Antioquía. Según relató ante el juez el 15 de febrero pasado, antes de la masacre de El Aro varios mandos militares y políticos de la región se reunieron con los jefes paras para preparar la “operación”. Los que lideraron la planificación habrían sido el entonces gobernador Uribe y el líder paramilitar Salvatore Mancuso.

“Volví a ver a Uribe otra vez más –continuó su relato Villalba–. Se presentó para decir que la operación había sido un éxito.” El éxito dejó 19 muertos y seis secuestrados liberados.