Desde Lima

El Parlamento Europea decidió ayer excluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de la lista negra de grupos terroristas y desató un escándalo en el Perú, donde el gobierno y la oposición coincidieron en su rechazo a esta decisión. El Congreso, por unanimidad, aprobó una moción de protesta contra el Parlamento Europeo. Los medios de comunicación en su mayor parte se sumaron a esta condena. El choque se produce a tres semanas de que se lleve a cabo en Lima la V Cumbre de países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y se convierte en un factor perturbador de las relaciones entre el Perú y la Unión Europea (UE) que puede afectar la realización de esta cumbre presidencial. El MRTA fue un grupo guerrillero de inspiración guevarista que se formó en 1984. Su última acción ocurrió en diciembre de 1996, cuando capturó la residencia del embajador de Japón en Lima y mantuvo cerca de un centenar de rehenes hasta abril de 1997, cuando el ejército recapturó la residencia diplomática y mató a los catorce emerretistas que la habían tomado. Esa acción fue la más espectacular del MRTA, pero su derrota terminó por desarticularlo definitivamente. Su líder, Víctor Polay, se encuentra en prisión desde 1992, purgando una condena de treinta años.

La indignada y generalizada reacción en contra de la decisión de los parlamentarios europeos parece exagerada y hasta absurda si se tiene en cuenta que el MRTA dejó de operar hace una década. Pero se entiende en un contexto en el cual el gobierno, acosado por las protestas sociales, mueve el fantasma de la guerrilla para señalar a los dirigentes sociales como supuestos miembros o simpatizantes del ahora inexistente MRTA y así acusarlos de terroristas. Hace dos meses, siete jóvenes que asistieron a un congreso internacional de la Coordinadora Bolivariana, realizado en forma pública en Quito, fueron detenidos a su regreso al Perú por haber participado en ese evento. Han sido acusados de pertenecer al MRTA y de tener vínculos con las FARC a través de la Coordinadora y permanecen en prisión, aunque no se les acusa de ningún acto terrorista en concreto.

Por otra parte, también fueron acusados por el delito de terrorismo 35 dirigentes comunales y campesinos que en septiembre del año pasado organizaron un referéndum que rechazó la presencia en sus tierras de una empresa minera china que planea extraer cobre en una mina a tajo abierto. A estos casos se suma una retórica cada vez más encendida de los miembros del gobierno para descalificar a los dirigentes sociales que organizan protestas antigubernamentales.

Y es en esa estrategia que el gobierno se empeña en resucitar los temores al terrorismo y, con ellos, al MRTA. El canciller, José García Belaunde, acusó a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de haber influido ante el Parlamento Europeo para impedir que el MRTA sea incluido en la lista de grupos terroristas. Para ello exhibió una carta en la cual Aprodeh informa a los parlamentarios europeos que el MRTA ya no existe y advierte que “sobredimensionar” su supuesta existencia “puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente de terrorismo”.

El gobierno, la derecha y el fujimorismo salieron en bloque a acusar a Aprodeh de ser “el brazo político del terrorismo” y a descalificar a los grupos defensores de derechos humanos. Algo que le cae muy bien a Fujimori ahora que está siendo enjuiciado por violaciones a los derechos humanos. Todos los que salieron a acusar a Aprodeh ocultaron un párrafo de la carta que este organismo dirigió al Parlamento Europeo en el que expresa abiertamente su “rechazo y condena” a lo que califica de “actos de terror” cometidos en el pasado por el MRTA. El vicepresidente de la República, Luis Giampietri, un ex marino sobre quien pesan acusaciones por violaciones a los derechos humanos, amenazó durante un discurso en el Congreso a Francisco Soberón, director de Aprodeh, diciendo a voz en cuello que “algún día deberá pagar por lo que ha hecho”. Consultado por Página/12, Soberón respondió que “estas acusaciones vienen de los sectores que siempre han estado a favor de la impunidad y ahora nos atacan porque estamos en la primera línea en el enjuiciamiento a Fujimori y los violadores a los derechos humanos”.