La OEA respaldó a la Corte Electoral boliviana y calificó de ilegal el referéndum autonómico que prepara Santa Cruz para el próximo 4 de mayo. Tanto esta organización como la Unión Europea anunciaron ayer que no enviarán veedores electorales al departamento boliviano hasta que no se defina la legalidad de la consulta. El tribunal de La Paz también recibió el apoyo de las Cortes Supremas de catorce países de América latina y el Caribe, entre ellos Argentina.

El 7 de marzo pasado, la Corte Electoral nacional declaró inconstitucionales los referendos autonómicos impulsados por las prefecturas opositoras y la consulta popular para ratificar la nueva Constitución nacional, que organizaba el gobierno de Evo Morales. Según el tribunal, ninguno cumplía con los plazos previstos por la Carta Magna. El gobierno boliviano aceptó el fallo, pero Santa Cruz no. Ayer el departamento más rico de Bolivia aseguró que no aceptará ninguna “injerencia extranjera” y acusó a las organizaciones internacionales que se solidarizaron con la Corte Electoral de querer beneficiar al presidente Morales.

El comunicado que emitió la Prefectura de Santa Cruz no fue en rechazo a la declaración de la OEA de ayer, sino una advertencia para la reunión que mantendrá el Consejo Permanente de esa organización hoy en Washington. En la sesión, el secretario político, el ex canciller Dante Caputo, presentará su evaluación después de sus recientes visitas a Bolivia y luego expondrá el canciller David Choquehuanca. Según adelantó ayer el ministro, les solicitará a los vecinos de la región que pidan de forma clara y contundente la suspensión de los referendos autonómicos en la llamada Media Luna opositora.

Mientras el apoyo político está por verse, el gobierno boliviano recibió ayer un espaldarazo inusual de las organizaciones judiciales de América latina. A pedido de la OEA, representantes de las Cortes Supremas de 14 países se reunieron en Quito para ratificar el fallo del 7 de marzo de la Corte Electoral boliviana. Lo mismo hicieron el Consejo Electoral Andino (CEA) y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela).