La presencia de un nuevo ministro al frente de la cartera económica ya empezó a cambiarle la perspectiva al conflicto abierto con el sector agrario. El acto de jura de Carlos Rafael Fernández, en Casa de Gobierno, contó con la significativa presencia de las cuatro entidades agropecuarias –dos, a través de sus titulares–, que computaron como un gesto del Gobierno en favor de un acercamiento el desplazamiento del ministro que diseñó y creó el esquema de retenciones móviles a los granos. Ahora, la expectativa de los ruralistas está puesta en recibir en forma inmediata una convocatoria a reanudar el diálogo. Si ello ocurre, anticipan fuentes de las organizaciones de la producción, podrían decidir en forma casi automática prolongar la suspensión de las medidas de fuerza más allá del viernes 2 de mayo, “atendiendo a que hay un nuevo ministro de Economía que se suma a las negociaciones”.

Las negociaciones por sector, que vienen desarrollándose en forma intermitente desde hace quince días, debían reanudarse el jueves por la tarde. Pero ese día se produjo el desplazamiento de Lousteau, un ministro que estuvo totalmente ausente de las mesas de discusión pero cuya salida obligó a abrir un compás de espera. La dirigencia rural coincidió en expresar su satisfacción por la retirada del funcionario que le había dado la espalda al sector luego de lanzar el cambio en las retenciones.

Esa reacción explica que ayer, Mario Llambías, de Confederaciones Rurales, y Luciano Miguens, de Sociedad Rural, estuvieran en la primera fila de invitados, sentados entre dirigentes de la CGT como Hugo Moyano y Juan Carlos Schmidt (sindicato de Dragado y Balizamiento). Eduardo Buzzi se quedó en Rosario, pero por la Federación Agraria concurrió al acto su director, Silvio Corti. Llambías y Miguens fueron de los primeros en saludar al nuevo ministro y departir, con gestos relajados y rostros sonrientes, con la Presidenta. Sus expresiones a la prensa reflejaron ese mismo clima. “Se perdieron dos o tres días importantes, pero ahora que cambió el ministro, creo que se puede seguir negociando más allá del 2 de mayo”, adelantó Miguens. Llambías, a su lado, asintió. “Si hace falta un plazo mayor para conversar, se analizará y se consultará con las bases”, dijo.

Sin grabadores delante, dirigentes de estas dos entidades y de Federación Agraria coinciden en que si hay convocatoria a reanudar el diálogo, el plazo que vence el viernes 2 de mayo será inmediatamente corrido. Algunos hablan, incluso, de un levantamiento definitivo de las medidas de fuerza. Pero para ello hace falta que se cumplan una o dos condiciones, que no estarían tan lejos.

De las negociaciones abiertas, la más avanzada es la de Ganados y Carne. En este tema se llegó inclusive a firmar un acta acuerdo, que por un lado establece el compromiso de las partes a procurar el abastecimiento de carne vacuna al mercado interno “en cantidades suficientes y a precios razonables”. Esto es, a los precios acordados para trece cortes populares. El ingreso de hacienda a Liniers tuvo una tendencia creciente durante esta semana, superando los parámetros de los últimos meses (ver recuadro en esta página). Los precios en mostrador, en cambio, apenas se corrigieron a la baja en algunos puntos de venta. Los carniceros hacen su descargo afirmando que siguen recibiendo las medias reses a precios elevados. Pero los operadores mayoristas del mercado aseguran que la recuperación de stocks en frigoríficos posibilitará que esos precios al comercio empiecen a bajar a partir del lunes o martes próximos. Si eso ocurriera, el compromiso del Gobierno es que inmediatamente liberará la exportación de algunos cortes y categorías de animales, satisfaciendo el reclamo más inmediato del sector ganadero.

En las últimas discusiones respecto del trigo, quedaron confrontadas dos propuestas. Una, del secretario de Comercio, Guillermo Moreno (ratificado en el cargo), consistente en concentrar la comercialización del grano en cuatro o cinco grandes exportadoras, que deberían comprar el trigo a los productores asegurándole el precio que fije el gobierno nacional. Otra, defendida por las entidades del agro, que pone en manos de una comisión compuesta por molineros y productores la regulación de las operaciones, facilitando incluso que los molinos más pequeños puedan acceder a comprar el trigo en el mercado de futuros, para poder asegurarse el precio y el abastecimiento en el tiempo. Según señaló Buzzi, el secretario de Agricultura y Ganadería, Javier De Urquiza (también confirmado), iba a presentar una tercera alternativa el viernes por la tarde, que quedó postergada por el desplazamiento de Lousteau. De ambos lados –Gobierno y entidades–, hay confianza en que esta opción acerque las posiciones, dejando un acuerdo al alcance de la mano. El pequeño productor vería así sastisfecha su demanda de recibir un precio acorde a los valores internacionales, a través de este mecanismo más las compensaciones de las retenciones y el subsidio al flete.

A estos dos eventuales acuerdos, el Gobierno le sumaría una modificación parcial al régimen de retenciones móviles, aplicando un porcentual máximo (podría ser el 45 o 50 por ciento para la soja) cuando los valores internacionales se escapen hacia arriba. Es decir, que cuando la cotización supere cierto nivel (550 o 600 dólares la tonelada, los valores que se analizan como variantes), la retención sería aquel porcentaje fijo y no una tasa móvil y creciente, que en el esquema actual absorbe el 95 por ciento del aumento del precio por encima de 600 dólares la tonelada.

“Si ése fuera el panorama, el acuerdo estaría muy cerca y podríamos tomarnos más tiempo para discutir una política agropecuaria a largo plazo”, respondió Buzzi a este planteo. Hipotético, pero muy atado a lo que hasta ayer se analizaba en el Gobierno y que, ahora, está en manos del flamante ministro, Fernández III.