Estos últimos cuatro meses serán inolvidables para Martín Lousteau: durante ese tiempo ocupó la cartera de Economía en el gabinete nacional por primera vez en su joven vida pero, además, le tocó vivir uno de los tramos más arduos de la era “K”, pese a que no pudo esperar en el cargo por su desenlace, incierto aún para sus principales protagonistas. Las crónicas históricas en el futuro no podrán soslayar su nombre, asociado sin remedio a los anuncios del 10 de marzo pasado sobre retenciones móviles adicionales a las exportaciones de soja y girasol. Introducida en seco, la resolución gubernamental hizo estallar las ambiciones de productores agrarios engolosinados por el alza constante de precios internacionales, que se sintieron frustrados porque la ganancia sería menor y, más determinante aún, desató poderosos intereses del sector que nunca aceptaron el modelo económico oficial pero esta vez encontraron el flanco débil para clavar la resistencia.

Con la desmesura propia de los frustrados o los poderosos, las cuatro entidades tradicionales (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) lanzaron un paro por tiempo indeterminado con piquetes ruteros que duró 21 días y, a invitación al diálogo de la presidenta Cristina, dispusieron una tregua de 30 días que vence el próximo viernes, con la lógica de fuerza beligerante. Aunque breve, la cronología viene a cuento porque a esta altura la confrontación tiene más de política que de puja sectorial y los argumentos originales andan extraviados en la neblina. Por si no alcanzara con las tres semanas de lockout desabastecedor, durante la “tregua” alrededor de 60 mil hectáreas dedicadas al pastoreo de bovinos en las islas Lechiguanas de Entre Ríos, por circunstancias que se investigan, empezaron a arder como si los pajonales fueran otro círculo del Dante, cubriendo de humo hediondo todo el sur del Litoral, incluida la Ciudad Autónoma. Con el apoyo climático, la Gendarmería se hizo cargo del piquete, interrumpiendo el tránsito nocturno en rutas principales por falta de visibilidad.

La salida de Lousteau, el cuarto huésped de Economía desde 2003, puede ser asumida como trofeo por los dirigentes agrarios y a lo mejor el Gobierno los deja, pero es probable que sea todo lo que consigan de concreto hasta el 2 de mayo. Si en lugar de fechas, los agraristas aceptan metas, puede ser que el Gobierno deje de avanzar un paso para retroceder dos en la negociación de un catálogo de demandas que más bien parece un almanaque del Bicentenario. Hasta aquí la experiencia indica que a los Kirchner les molesta cuando alguien pretende arrebatarles la iniciativa política y fijarles agenda sin pedirles consentimiento previo. El relevo del ministro de Economía por Carlos Fernández, que no había terminado de instalarse en las oficinas de la AFIP, un funcionario multiuso y fiel kirchnerista, puede ser una excusa suficiente para prolongar las negociaciones más allá del límite calendario del agro.

Desde que asumió nunca habló tanto y tan seguido sobre un mismo tema la presidenta Cristina, con ese tono pedagógico y calmado que eligió como estilo presidencial, pese a que algunos de sus interlocutores tratan de interpretar en el modo inflexiones de debilidad o de descontrol, sobre todo al compararlo con el estilo punzante del flamante presidente pejotista. En un acto del PJ, el jueves por la noche, Néstor Kirchner se despachó a gusto y volvió a jugar el juego que más le gusta: a ver quién levanta más la apuesta sin dar vuelta los naipes. Desde el golpismo del ’55 y del ’76 hasta los piromaníacos del delta entrerriano, el titular del PJ no dejó muñeco en pie, con severas reconvenciones a los que no guardan memoria de lo que era el país hace cinco años y del estado de sus patrimonios particulares. Ayer, desde Mendoza, volvió a la carga: “Vamos a dar la batalla nacional contra los desabastecedores (...) Primero tienen que comer los argentinos y después pensar en la rentabilidad de las exportaciones (...) El diálogo está bien, pero primero tienen que respetar la democracia y los pronunciamientos de la mayoría (...) No vamos a permitir que nos atropellen”. Aparte de decir a su manera, la pirotecnia verbal es la de un político veterano, por lo que en lugar de sugerir que las cosas van para peor, es probable que vayan para mejor. Los clásicos guerreros afirmaban que no hay que dar ninguna batalla antes de tenerla ganada.

Los mensajes de Kirchner suelen merecer una segunda lectura para sacarles el jugo. En los últimos dos mensajes, incluyó dos conceptos que habrá que recordar en el futuro inmediato. Uno fue para desmentir que la presidenta Cristina no retenga en sus manos las riendas del poder, como lo sugieren varios analistas y medios importantes lo siembran tratando de convertirlo en sentido común. El otro concepto, tal vez el más importante, fue dicho así: “Me llena de orgullo escuchar a Cristina que esta etapa es la de la redistribución del ingreso”. En efecto, la Presidenta suele insistir en ese propósito como una preocupación central de su mandato. Para eso las democracias tienen un instrumento ineludible: el régimen impositivo, instrumento que permite sacar al que tiene para darle al que no tiene. Con motivo de los innumerables datos que dieron vueltas en la información pública durante el pleito con “el campo”, volvió a confirmarse que la principal fuente de recaudación es el IVA del 21 por ciento, ese tributo que pagan los ricos y los más pobres, pero esa socialización no tiene nada de igualitaria y mucho menos de justicia. Una redistribución del ingreso tendrá que reflexionar en serio, y lo más pronto posible, sobre las inequidades del régimen.

Los que guardan registro de las informaciones políticas recordarán que ya en enero comenzó a hablarse de un relanzamiento de la presidencia de Cristina, con recambios en el gabinete. Tanto entonces como ahora, se recordó la opinión de Alberto Fernández acerca de la conveniencia de proceder a una renovación ministerial importante, aunque más no sea por la inevitable fatiga del material después de años de tanta intensidad. El mismo jefe de Gabinete acumula a esta hora tantas obligaciones, a las que se agregan ahora las que le adjudicaron en la nueva conducción del PJ, además de ser el jefe partidario de la ciudad, que ya logró empalidecer a Julio De Vido, el ministro de las Obras Públicas, la energía, el transporte, y tantas otras áreas vitales del desarrollo de la infraestructura nacional. Es posible que si se descomprime la situación con “el campo”, la convocatoria a un gran acto público el próximo 25 de mayo, aunque tiene como motivo central el anticipo del Bicentenario, pueda convertirse en la oportunidad propicia para una refundación de esta etapa de la redistribución del ingreso.

Antes todavía, el tiempo urge, el Gobierno debería hacerse cargo de la situación inflacionaria, poniéndole fin a la realidad virtual que transmite la Secretaría de Comercio Interior, cuyas estrategias pudieron ser funcionales en 2006, pero todos los datos indican que su eficacia está agotada. Sobre todo, el impacto de los aumentos de precios están provocando creciente fastidio en las clases medias, cuya opinión no puede ser dejada de lado por ningún gobierno democrático que pretenda conservar la mayoría electoral. De modo que hay dos niveles para la estrategia antiinflacionaria: la primera, obligatoria, es garantizar que la canasta básica esté al alcance de los menos afortunados, porque el hambre y la desnutrición son dos condiciones de vida que el país del ingreso redistribuido no se puede permitir. El segundo nivel implica reasumir el control sobre las mercaderías de consumo masivo en las capas medias de la población, desde las escuelas, la salud, el turismo, el entretenimiento, además de alimentos y ropas. Hay maniobras especulativas que deberían ser cortadas de raíz y de una manera ejemplarizadora, para que a los comerciantes y los consumidores les quede en claro cuáles son las reglas de juego de una democracia solidaria y capitalista, aunque estos términos casi nunca son complementarios. En todo caso, como le gusta decir a la presidenta Cristina, una sociedad de responsabilidad solidaria.