El gobierno italiano declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, con la idea de enfrentar el “excepcional” aumento del flujo de inmigrantes. Desde el Ejecutivo alegaron que la llegada de extracomunitarios duplica a la del año pasado y que la iniciativa busca “potenciar las medidas para contrarrestar y gestionar el fenómeno”. La medida levantó una ola de críticas en organizaciones humanitarias y en la oposición, que la consideraron fascista e inhumana.

La decisión del gobierno fue repudiada por la mayor parte del arco opositor, que considera insuficientes las explicaciones facilitadas por el Ejecutivo para justificar la medida. “Sin explicar el porqué se adopta una medida, sirve sólo para alimentar el sentimiento de miedo de los ciudadanos italianos”, dijo Anna Finocchiaro, senadora del Partido Demócrata. Desde su partido tildaron a la declaración de “inhumana” y “abominable” y acusaron al gobierno del premier Silvio Berlusconi de querer meter miedo en la gente.

La declaración del Consejo de Ministros extendió a todo el país una medida que regía desde 2002 en cuatro regiones del sur. El titular de Interior y promotor de la iniciativa, Roberto Maroni, aseguró que “el estado de emergencia es una medida técnica, ya utilizada en el pasado y útil para recurrir a procedimientos administrativos acelerados”. Según explicaron desde el Ministerio de Defensa, la declaración permitirá, en particular, acelerar la construcción de nuevos centros de retención para los inmigrantes.

Muchos de los que rechazaron la normativa coincidieron en que el Ejecutivo conservador está tomando decisiones con características fascistas. “Nos estamos desplazando paso a paso fuera de la democracia, esta declaración del estado de emergencia es un pedazo de fascismo”, sostuvo el progresista Nichi Vendola, gobernador de la región de Puglia. “Es un clima de estado policial”, coincidió Rosy Bindi, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

La medida adoptada ayer llega en medio de un aluvión de denuncias que acusan al oficialismo de llevar adelante medidas racistas. Esta semana el Senado aprobó un decreto ley que considera un agravante el hecho de ser inmigrante ilegal. De esta manera, en el caso de que un clandestino sea procesado por otro delito, su pena carcelaria aumentará automáticamente un tercio. La normativa también prevé el decomiso de departamentos rentados a ilegales.

Para justificar el estado de emergencia, Maroni esgrimió números que ilustran el aumento en la llegada de inmigrantes. “En el primer semestre de 2008 se ha duplicado el número de llegadas con respecto al año anterior, con un total de 10.611 personas, frente a las 5.378 del mismo período de un año antes”, dijo. “Se trata de la prórroga de una prórroga”, minimizó.

Maroni, de la xenófoba Liga del Norte, también es el autor de la reciente propuesta de censo de gitanos, que prevé la toma de huellas digitales a los menores de edad. Esa norma fue condenada por el Parlamento Europeo y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La toma de huellas dactilares a los niños constituye una violación a la Convención sobre Derechos de la Infancia, ratificado por Italia.

Las críticas, sin embargo, no fueron patrimonio exclusivo de la oposición política. Desde la asociación de asistencia socio sanitaria para los derechos de los extranjeros criticaron los números de Maroni. “No se registra un incremento en los arribos que justifique un procedimiento de este género”, dijo Pietro Massarotto, titular de la entidad, al diario L’Unità.

La promesa de solucionar el problema de la inmigración ilegal fue una de las principales consignas durante la campaña electoral de Silvio Berlusconi, que llegó al poder tras las elecciones legislativas de abril pasado. Actualmente, en los centros de acogida italianos hay 7359 ciudadanos extranjeros, que provienen, sobre todo, de Somalia y de Eritrea.