Desde Washington

El jurado militar del primer juicio por crímenes de guerra que celebra Estados Unidos en la base de Guantánamo fijó el jueves una pena sorprendentemente baja, de tan sólo 66 meses de prisión, para Salim Hamdan, ex chofer de Osama bin Laden y, según el Ejecutivo norteamericano, consumado terrorista. Se le ha condenado por dar apoyo material a Al Qaida, delito por el que fue declarado culpable el pasado miércoles.

El gobierno del presidente George Bush ha defendido el sistema de justicia excepcional que rige en Guantánamo basándose precisamente en la peligrosidad extrema de los detenidos y en su condición de criminales de guerra. La leve condena de Hamdan no avala esta tesis, sino más bien la contraria: el acusado era una figura irrelevante y sus actos como conductor del líder de Al Qaida difícilmente encuadrables como terrorismo. El veredicto mixto del jurado, que lo declaró inocente del delito de conspiración para cometer atentados –el cargo realmente importante que se le imputaba– pero culpable de dar “apoyo material al terrorismo”, dejaba al Ejecutivo una puerta abierta para seguir defendiendo que Hamdan pertenecía a Al Qaida y que Guantánamo era un buen modelo de lucha antiterrorista. Un portavoz de la Casa Blanca había manifestado su “satisfacción” por el veredicto. Pero ahora, la escasa duración de la pena deja al gobierno en una situación muy complicada. La fiscalía había pedido “al menos” treinta años de cárcel y recomendado la cadena perpetua.

El yemení Salim Hamdan fue capturado en Afganistán en 2001 y trasladado a Guantánamo a principios de 2002. Lleva allí, por tanto, más de seis años, un tiempo superior a la pena que se le ha impuesto. El juez, el capitán de la marina Keith J. Allred, dijo el jueves que se consideraría que había cumplido ya 61 meses de cárcel –el período que ha pasado esperando juicio–, por lo que sólo le restarían cinco meses de condena.

Pero no está claro lo que va a pasar con Hamdan una vez cumplida la pena. El Departamento de Defensa, a través de varios portavoces, ha indicado esta semana que incluso si el veredicto era de absolución, el gobierno podría seguir custodiándolo. A sus ojos, sigue siendo un “combatiente enemigo ilegal” y, según las normas especiales que rigen la “guerra contra el terror”, pueden tenerlo detenido hasta que lo consideren necesario. El hecho de que Hamdan continuara encerrado significaría que los juicios no tienen ningún propósito ni efecto real.

A pesar del resultado final, el de Hamdan no ha sido un proceso con todas las garantías. Los derechos que ha tenido el acusado han estado muy limitados y lo único que demuestra el fallo es que el jurado se ha tomado en serio su labor y que las pruebas eran demasiado endebles como para sostener las acusaciones. La pregunta que queda en el aire es por qué el gobierno lo ha mantenido durante años en condiciones infrahumanas, con períodos largos de aislamiento y sin dormir durante días.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12