El Gobierno confirmó ayer oficialmente la designación de Ricardo Napolitani como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en reemplazo de José Sbattella, tal como anticipó ayer PáginaI12. Este diario dialogó con el funcionario saliente sobre las resistencias que encontró para introducir cambios en el organismo. “Si uno analiza la estructura de los mercados, llega a la conclusión de que se armó todo para que la comisión no tuviera capacidad operativa, para que sólo sea un muro de los lamentos”, aseguró.

–¿Qué motivos le dieron cuando le pidieron la renuncia?

–No me dieron motivos. Lo que hicieron fue ofrecerme un cargo de vocal en la Comisión argumentando que les convenía que me quedara por el know how adquirido para así poder colaborar con el nuevo presidente.

–¿Por qué decidió decir que no?

–Por la correlación de fuerzas que existía dentro de la Comisión. Pese a ser el presidente, estaba en minoría porque los dos vocales jugaban en tándem y tenían el respaldo del secretario de Comercio. Mi papel se había reducido simplemente a testimoniar mis diferencias. Además me habían intervenido toda la parte administrativa. Esa situación hacía totalmente inoperante mi presencia en lo que refiere al cumplimiento de los objetivos del área. Uno no puede tolerar esa situación para quedarse flotando en cualquier puesto porque sí. Yo pedí que se le diera solución a lo que estaba ocurriendo. El desenlace de los hechos demuestra que no lo logré.

–¿Cuáles fueron las diferencias que lo enfrentaron con Guillermo Moreno?

–La principal diferencia es la visión sobre cómo funciona el sistema de precios y con quiénes hay que hacer los acuerdos para tratar de controlar la inflación. Para el secretario de Comercio es mejor un buen monopolio aliado que pequeñas y medianas empresas compitiendo. Entonces, se buscaron acuerdos con los grupos económicos más poderosos para que disciplinen al resto de las cadenas de valor. Esa situación se puede tolerar si existiera capacidad de sanción, pero para eso debían funcionar la Comisión y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Justamente las dos áreas que fueron prácticamente desactivadas por Moreno. Esa inconsistencia hizo que la política fracasara. Los controles de precios no sirvieron y no hubo capacidad de sanción. Lo único que se hizo fue castigar al que traía las malas noticias, que es el índice de inflación. Hay una responsabilidad directa de Guillermo Moreno en el fracaso de la política antiinflacionaria.

–En el informe que presentó hace un mes a los distintos organismos de control usted afirma que Moreno se había opuesto a la firma de un convenio con la Oficina Anticorrupción. ¿Cuál fue el argumento que dio?

–En realidad los que no querían eran los vocales, porque la historia administrativa de la Comisión está llena de falencias. Se regían por usos y costumbres. No había organigrama ni manuales de procedimientos. Desde 1980 estaba así. A alguien le interesó que esa oficina nunca funcionara y tampoco se transformara en un tribunal como decía la Ley de Defensa de la Competencia.

–¿Los vocales tenían temor de que se detectara alguna maniobra corrupta?

–Tenían temor de que alguien les preguntara por qué había expedientes que salían muy rápido y otros que se demoraban años. Eso quedó en evidencia cuando reemplacé a la secretaria letrada. La persona que puse hizo un acta donde dejó constancia del desorden manifiesto que existía. Esa acta va a sumario y ahí el secretario de Comercio saca una resolución donde me obliga a que las decisiones para hacer sumarios sean votadas por mayoría.

–¿Por qué cree que Moreno respaldó esa postura?

–Tener dos opiniones discrecionales que fogonearan determinados expedientes y otros los congelaran le era funcional en la negociación con los grandes grupos. Esos dos vocales encontraron una buena forma de funcionar sin tener un criterio que hiciera transparente la aplicación de la ley. En los temas controvertidos como Cablevisión-Multicanal, Telefónica o Alto Paraná uno notaba que se frenaban los expedientes con artilugios legales.

–¿No hay un plazo máximo previsto para expedirse sobre las presentaciones?

–No. Nosotros iniciamos un procedimiento con el apoyo de la Oficina Anticorrupción para que se dictara un reglamento y se fijaran plazos porque sólo se fijan plazos de 45 días hábiles para las fusiones. Con ese argumento se trataban sólo las fusiones y las denuncias por conductas anticompetitivas quedaban a criterio de quien las moviera.

–¿Cuántos años de demora tienen los expedientes más viejos?

–La prescripción corre a los cinco años, pero hay expedientes que tienen nueve años y no se explica por qué no se resolvieron. Eso se había empezado a normalizar cuando designé una nueva secretaria letrada.

–¿Cómo puede ser que tengan nueve años si prescriben a los cinco?

–Porque hubo acciones procesales que cortaron la prescripción. En general, la resolución se demora en las denuncias sobre conductas y eso diluye cada vez más la posibilidad de reunir pruebas. Incluso hay empresas que se han fundido mientras esperaban una resolución.

–¿Los vocales se opusieron a los cambios para conservar el margen de discrecionalidad?

–Sin duda. Si uno analiza la estructura de los mercados llega a la conclusión de que se armó todo para que la comisión no tuviera capacidad operativa, para que sólo sea un muro de los lamentos. Eso se llama corrupción estructural, pero no por las personas sino porque los organismos se arman para que no cumplan la función que tienen que cumplir. Esa es la historia de la Comisión de Defensa de la Competencia.

–En la comisión están designados sólo dos de los cuatro vocales, ¿esa situación puede llevar a que se impugnen decisiones del organismo?

–La Corte Suprema dictaminó el año pasado que como la Comisión es un órgano consultivo de la Secretaría de Comercio la cantidad de vocales no tiene importancia. Por eso yo pedía que se conformara el Tribunal de Defensa de la Competencia para darle mayor autoridad a la oficina.

–¿Y qué pasó?

–Dos veces impulsamos proyectos de ley para crear un tribunal con independencia limitada en temas que son de política de Estado, como armas, energía atómica y medio ambiente. En ambas ocasiones el proyecto llegó a tener tratamiento legislativo, pero siempre hubo una mano negra que lo frenó. Incluso llegó a tener la firma del entonces presidente Kirchner y de la ministra de Economía de ese momento. Uno no termina de entender bien por qué se frenó. Algunos no estaban de acuerdo. Moreno era uno de ellos.

–Usted afirmó que las fusiones se fueron resolviendo porque tenían un plazo de 45 días, pero Disco-Jumbo todavía está pendiente de resolución.

–En ese caso hubo interferencia judicial. La Cámara de Mendoza dijo que hasta que los cargos de la Comisión no estuviesen cubiertos en su totalidad (los cuatro vocales y el presidente) no podía tomar posición. Eso recién se solucionó a fines del año pasado cuando la Corte Suprema dijo que se debe resolver con los vocales que estén.

–Pero no se resolvió nada.

–La situación del mercadeo de los supermercados varió a nivel de cada ciudad. Entonces hay que volver a hacer los estudios de mercado.

–Tampoco le exigieron a Telefónica que notificara su ingreso en Telecom.

–Hace más de dos meses emití un dictamen recomendando que notificaran, pero falta que dictaminen los vocales y hasta ahora no lo hicieron.

–A fin del año pasado autorizaron el ingreso de Cablevisión en Multicanal, pero luego trascendió que se podía revisar la decisión, ¿eso es posible?

–Es posible porque todavía no cumplieron con los compromisos que habían asumido en ese momento.