Desde Santa Cruz

El Consejo Nacional Democrático (Conalde), reunido ayer en esta ciudad, determinó cumplir con los piquetes “masivos” consensuados en el último mitin autonómico, hace diez días, que sólo habían practicado los cívicos de Tarija. Además, amenazaron con cerrar las válvulas que envían gas a Brasil y Argentina, mientras aclararon: “No nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior”. Así pretenden arrinconar al gobierno nacional para que restituya a las prefecturas los 241 millones de dólares restados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En Santa Cruz también se reunió la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que aglutina a los movimientos sociales afiliados al gobierno de Evo Morales, para evaluar el camino a seguir y para “repudiar las acciones racistas de la Media Luna”, dijo a este diario Silvestre Saisari, coordinador del Movimiento Sin Tierra (MST) Bolivia. La nueva Constitución, redactada en gran medida por las organizaciones, debía refrendarse el 7 de diciembre, según un decreto de Morales. Pero la Corte Nacional Electoral (CNE) se niega a administrar la consulta mientras no lo ordene una ley. Expeditos, indígenas y campesinos definieron ayer cercar el Congreso hasta que los legisladores opositores y oficialistas conviertan en ley el decreto presidencial.

No pueden reunirse en la misma ciudad el Conalde y la Conalcam. Así reflexionó la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que mandó una tropa al suburbano Plan 3000 para atacar a los 600 dirigentes sociales. “Eran 60 los pelados (muchachos). Tiraron algunos cuetes que ya salieron todos los compañeros para sacarles la mugre. Algunos unionistas salieron corriendo, pero otros no tuvieron suerte”, comentó Saisari. Luego los indígenas y campesinos volvieron al Coliseo del barrio pobre para debatir resoluciones. Las últimas semanas, en los departamentos de la Media Luna (Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) la escena cotidiana depara tomas de edificios del Estado, agresiones a las personas por su pensamiento político y cortes de ruta. En Beni los cívicos tienen el monopolio de la violencia y lo hacen valer. El martes fueron con piedras y palos a tomar las sedes de Impuestos Nacionales y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero lo evitó el Ejército. En un comunicado, el comité se quejó por la represión “a las personas que se manifestaron de manera pacífica por algo que consideran justo y necesario para la consolidación de la autonomía departamental por la cual ha votado”. Los cívicos dieron “plazo de 48 horas al coronel Fernando Víctor Rocabado Soto, comandante de la 6ª división del Ejército, para que abandone territorio beniano por haber sido quien de manera directa instruyó y dirigió la represión”.

El oriente boliviano se convirtió en mayorista de frases radicales. Una es de la vicepresidenta de los cívicos tarijeños, Patricia Galarza, que declaró: “Tarija tomó la decisión de repensar la decisión asumida en 1826, de anexarse voluntariamente a Bolivia”. Hasta ese año, el departamento que alberga el 85 por ciento del gas boliviano integraba la provincia de Salta. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, deploró “la actitud divisionista” de Galarza, “que no sé por qué se atribuye la representatividad de Tarija”. En este departamento, el No por la continuidad de Morales superó por sólo 400 votos al Sí en el revocatorio. En el país, el Sí al presidente tocó el 67,41 por ciento.

“Ahora el obstáculo que se ha planteado es que la CNE dice que no puede aplicar el decreto, que hay que hacer una ley. Vamos a hacer la ley, ningún problema”, dijo en Oruro el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, mientras Morales sigue en viaje de trabajo por Libia e Irán. Sostuvo que “con decreto o con ley vamos a convocar a aprobar la nueva Constitución. Esto es irreversible. Hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños, hagan terrorismo, quemen casas, no nos van a detener”, dijo en alusión al mal tiempo para la paz y el amor en el oriente.

Según Linera, “va a haber complicaciones, porque aún hay una derecha minoritaria, arrinconada en algunas provincias, pero se ha vuelto violenta, rabiosa, desesperada. La victoria está segura, pero va a requerir movilización, concientización y apoyo para que el presidente Evo continúe adelante”. El pronunciamiento de la Conalcam estuvo en total sintonía con este discurso. El 12 de septiembre comenzará en Caracollo, Oruro, una marcha al Congreso, en la ciudad de La Paz. Planteó reunir en diez días 250 mil firmas para obligar al Congreso a tratar el decreto de Morales como iniciativa ciudadana.