Dos sesiones en paralelo, en Diputados y Senadores, dieron cuenta de un Congreso protagónico, aplicado a enmendar desaguisados que se remontan a largo tiempo atrás. La estatización de Aerolíneas (hecha ley) y el régimen de jubilaciones móviles (aprobado en Diputados) recuperan terreno perdido o autodestruido en el pasado reciente. El peronismo de los ’90 arrasó con el patrimonio estatal, desbarató la integridad territorial y antiguas tramas de solidaridades sociales y de clase. La Alianza ahondó esas tropelías, mayormente por dejarlas intactas, eventualmente añadiéndole alguna bestialidad como el recorte de las jubilaciones. Reconstruir lo desmoronado es un proceso muy trabajoso, ayer se dieron sendos pasos en ese rumbo, dentro de lo posible.

En muchos sentidos, la ley sobre jubilaciones es la que revela el mejor desempeño de las instituciones, con los tres poderes del Estado funcionando de modo más que razonable.

Lo de Aerolíneas es un salvataje, el tercero en menos de veinte años. El zurcido es menos vistoso, más endeble.

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Ajustarse los cinturones: Una mayoría confortable (46 votos a 21, más de doble contra sencillo) aprobó la reestatización. Fue un trago agridulce dentro una situación amarga. Tras la ominosa entrega de la empresa, ningún gobierno las tuvo todas consigo. Los compradores-concesionarios fueron rapaces, la actividad se encareció a niveles impredecibles, el funcionariado local tuvo entre opacos y pésimos desempeños puesto a controlar. De cara a una situación terminal, sin opciones redondas a la vista, se eligió la menos peor. El proyecto del Ejecutivo era malo, se tuvo el tino de aceptar numerosas correcciones propuestas desde su propio bloque de Diputados y por los peronistas disidentes. La solución adoptada tiene la marca de la provisoriedad.

El kirchnerismo, empezando por el ex presidente, se ocupó de cimentar una mayoría propia confortable, que dejara a Julio Cobos el exclusivo rol de dirigir la sesión. Néstor Kirchner dialogó con Rubén Marín y Carlos Reutemann, quienes no aceptan mediaciones de menos rango, entre las cuales califican a varios ministros. Roberto Urquía volvió a su bloque en una cuestión que no toca directamente su billetera. Los gobernadores dieron una mano, les interesa la preservación de una línea que atienda destinos de cabotaje poco rentables para los privados.

Sigue en un limbo el sistema de tasación fijado en el Acta Acuerdo firmado entre la Secretaría de Transportes y el grupo Marsans. La empresa fue anticipando su juego: a mediados de este mes (antes del 17, conforme al acta) dará a conocer su tasación de parte, confeccionada por el Credit Sui-sse. Se desconoce su magnitud, seguramente se irá filtrando en los próximos días, no hace falta ser un gurú para suponer que serán cientos de millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones, todo lo indica, rondará el cero prenunciado por funcionarios oficialistas y por el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. La designación del tercer árbitro suena irrealizable, más allá de que su virtual dictamen no será inapelable (como reza el acta), sino que deberá pasar por las horcas caudinas del Congreso. Se avizora un cielo turbulento, porque Marsans amaga con sentarse sobre las acciones de la empresa y porque a su vera se ubica el Estado español que no cejará en la defensa de los intereses de sus compatriotas, así sean truchos como los que nos ocupan.

Entre tanto, la empresa seguirá volando, los destinos locales se mantendrán y se garantiza la fuente de trabajo. Son logros razonables, no son el cierre del problema. Ajústense los cinturones, que el baile seguirá.

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Un prospecto mejor: La Corte Suprema revisó la pésima jurisprudencia de su anterior integración, recuperó el principio constitucional de la jubilación móvil e interpeló a los otros dos poderes del estado. El Ejecutivo se tomó un tiempito, pero honró esa directiva. Su proyecto fue enviado a Diputados, sostenido por el ministro de Trabajo y el secretario de Seguridad Social. El diálogo fue amplio y respetuoso, Carlos Tomada y Amado Boudou aceptaron varias modificaciones sin mayores dilaciones. Algunos puntos en disputa quedaron, sobre todo el índice de actualización. Esas divergencias, lógicas en un sistema pluralista, no obstaron a que se diera una discusión de nivel inusual, mérito compartido por los diputados y por los funcionarios.

Ricardo Jaime peregrinó por las dos Cámaras sin convencer a nadie, con su carga de procesos abiertos en su contra, en un rol más semejante al de un acusado que al del promotor de una norma. A Tomada le cupo otro lugar, que propios y ajenos reconocieron. Los propios con alivio, los ajenos generando un ámbito democrático para procesar diferencias.

Ayer a la tarde, la Presidenta recibió en Olivos a los secretarios generales de la CGT y la CTA. Y les comunicó que aceptaba su planteo de usar para la conformación del trabajoso coeficiente de actualización, al famoso RIPTE, esto es al índice que mide la evolución de los salarios de los trabajadores formales. Más allá del cálculo estricto de las cifras (según Boudou llegaría al 11,7 por ciento para la primera modificación semestral, legisladores oficialistas ponderan un 11 por ciento), el mecanismo tiene un mérito particular. Vuelve a atar los intereses de los jubilados a los de los trabajadores activos. Un Estado Nación articula variadas tramas de solidaridades: entre sectores sociales, entre regiones, entre generaciones.

La reforma previsional de Menem y Cavallo alteró la esencia de la jubilación, mutándola por un sistema de inversión privada, desentendido de la suerte de otros trabajadores. El régimen actual es opinable en sus detalles, pero está encuadrado dentro de una perspectiva solidaria. Y en línea con lo que estatuye el artículo 14 bis de la Constitución, desterrado por sucesivas administraciones previas.

Al cierre de esta edición, los diputados seguían exponiendo. El oficialismo confiaba en estar cerca del doble de los votos opositores, en cualquier caso parecía rumbear a imponerse con holgura tras un recorrido que enlazó la Justicia, la Casa Rosada y el Parlamento. Y que se terminó consensuando con las dos centrales de trabajadores, una gestualidad también muy exótica en la praxis argentina reciente.

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Reparar por dos: El verbo reparar tiene en lengua castellana varias acepciones, dos vienen a cuento para titular y cerrar esta nota. El sistema político, liderado por un gobierno que viene recuperando el manejo de la agenda pública, trata de reparar (“arreglar”) daños feroces inflingidos desde el Estado.

El oficialismo, sin emitir admisiones ni aludir la palabra “autocrítica” (que le escama la piel), se aplica a reparar (“enmendar”) errores cometidos durante el conflicto con “el campo”. Trabaja mejor la búsqueda de consensos, abre juego al Congreso, construye artesanalmente las coaliciones para cada votación. Las dos leyes tratadas tras la infausta Resolución 125 le valieron mejores resultados, derivados de tácticas más sensatas, más atentas al contexto y más propicias al debate.

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