España busca restringir la llegada de inmigrantes. El gobierno socialista anunció que impulsará una reforma legal para que los extranjeros puedan traer a sus padres tras cinco años de residencia en el país, en vez del año que se requiere actualmente. La iniciativa fue criticada por izquierda y por derecha. “La propuesta es una muestra más del recorte de derechos humanos que sufren los inmigrantes en España y en el resto de Europa”, señalaron desde la ONG Amnistía Internacional. En cambio, para el conservador Partido Popular (PP), la reforma es buena pero insuficiente. En tanto, el Parlamento aprobó ayer un plan de “retorno voluntario” que habilita a Madrid a adelantar el subsidio por desempleo a los inmigrantes legales a cambio de que vuelvan a su país de origen.

El lunes a la noche, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que antes de fin de año el gobierno presentará en el Congreso una reforma de la Ley de Extranjería para “quitar algunas contradicciones en materia de reagrupación familiar”. “Al año de llegar una persona a España puede ejercer el derecho de reagrupación de los padres y a mí me parecería más razonable que ese derecho se ejerciera cuando ya se tiene la residencia permanente, es decir, al quinto año”, explicó en una entrevista a Televisión Española, según informó el diario ABC. El funcionario argumentó que es recién a partir de la obtención del permiso permanente cuando los extranjeros pasan definitivamente a formar parte de la realidad nacional.

El anuncio de Corbacho fue cuestionado por agrupaciones de inmigrantes y de derechos humanos. La responsable de Interior de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez, criticó que los políticos utilicen el asunto de la inmigración a modo de excusa y aseguró que la reagrupación familiar no es un problema. “Vivir en familia es un derecho fundamental y su restricción no es deseable”, sostuvo, según informó el diario El Mundo.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo, Alvaro Zuleta, acusó a la administración del presidente José Luis Zapatero de no mantener un diálogo con los actores sociales. “El gobierno está adoptando medidas de endurecimiento frente a la inmigración”, dijo.

Las críticas a la propuesta oficial también llegaron desde las filas conservadoras. “Es buena pero no es suficiente”, dijo el portavoz de Inmigración del opositor PP, Rafael Hernando, y pidió al Ejecutivo que prohíba que los inmigrantes reagrupados puedan a su vez reagrupar. “El problema está en las reagrupaciones en cadena, en el que los reagrupados traen a más familiares y así sucesivamente”, sostuvo. Además, cuestionó que la futura reforma regularizará la situación de las personas que están en España de manera ilegal.

El retoque anticipado por el ministro pretende evitar la llegada de nuevos extracomunitarios no vinculados con el mercado laboral, en sintonía con una ley aprobada ayer por el Parlamento. La norma de “retorno voluntario”, que había sido decretada dos semanas atrás por Zapatero, abre la posibilidad de que los extranjeros con residencia legal en el país ibérico cobren casi de inmediato el subsidio de desempleo que les corresponda, según los años trabajados. A cambio, deben volver a sus países de origen y comprometerse a no regresar a España en tres años. Quienes decidan acogerse a la medida percibirán el 40 por ciento del total del subsidio en España y el otro 60 por ciento al mes siguiente de haber regresado a su país de origen.

La normativa, dirigida a los ciudadanos originarios de 19 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con el país europeo, se suma a la menos conflictiva Ley de Memoria Histórica, que empezará a regir desde el próximo 29 de diciembre por un período de dos años. Esta medida permitirá acceder a la ciudadanía a los nietos de españoles que se hayan exiliado durante la Guerra Civil o la dictadura de Francisco Franco. Alrededor de un millón y medio de personas, entre ellos 200 mil argentinos, se beneficiarían con la medida.